Monclova, Coah.- El coordinador regional centro de la Unión Campesina Democrática (UCD), José Alanís Rivera, informó que más de 900 personas en la Región Centro se encuentran afectadas tras haber pagado a intermediarios para la regularización de vehículos extranjeros durante 2025, sin que hasta el momento hayan podido concluir el trámite; efectivo que no podrán recuperar.

Explicó que, tras la sus pensión del decreto el pasado 31 de diciembre, muchas personas que habían cubierto los 2 mil 500 pesos correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedaron sin posibilidad de regularizar; en algunos casos, señaló, podría existir la opción de recuperar ese monto oficial o completar el proceso si se reactiva el programa; sin embargo, advirtió que el dinero pagado a los llamados “coyotes” difícilmente será recuperado.

“Hubo personas que pagaron desde 2 mil 500 hasta 13 mil pesos a intermediarios, cuando el costo real era de 2 mil 500; ese dinero no lo van a regresar”, afirmó.

Añadió que no existen figuras legales claramente tipificadas que permitan denunciar este tipo de prácticas ante el Ministerio Público, lo que complica que los afectados puedan proceder legalmente.

Alanís Rivera, aseguró que durante todo 2025 prevaleció el “coyotaje” en el proceso de regularización, generando actos de corrupción y dejando a cientos de propietarios en incertidumbre, particularmente en la Región Centro de Coahuila.

NIEGAN OPERATIVOS DE DECOMISO

En un segundo tema, el coordinador regional se refirió a un supuesto documento difundido en redes sociales donde se advierte sobre próximos decomisos de vehículos extranjeros con apoyo de corporaciones municipales y estatales.

Al respecto, sostuvo que dicha información es falsa y únicamente ha generado temor entre los propietarios.

“No hay nada oficial por parte del SAT ni de la Policía Fiscal. Ninguno de los 13 estados donde se regularizaron vehículos ha reportado decomisos hasta el momento”, señaló.

Indicó que ha mantenido comunicación con representantes de la organización en más de 30 estados del país y en ninguno existe confirmación de operativos. Recordó que cuando la autoridad fiscal realiza este tipo de acciones, no las anuncia previamente.