Ciudad de México.- El PAN en la Cámara de Diputados urgió al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que deje de presionar a la Auditoría Superior de la Federación y que su Gobierno aclare las inconsistencias que reportó este órgano sobre el destino de 44 mil millones de pesos en la Cuenta Pública de 2019.

“ Marcela Torres Peimbert, coordinadora del llamado Grupo Anticorrupción del PAN, dijo que el informe que incomodó a López Obrador, por evidenciar la falta de cálculo, veracidad y transparencia en su gobierno sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, debe ser explicado.

¿Fue error de metodología de la ASF o los auditores se rindieron ante la presión del Presidente de la República? Cualquiera que sea la respuesta, es imperante poner un alto a la presión ejercida desde Palacio Nacional y dejar que las instituciones hagan su trabajo”, señaló la diputada en un comunicado.

Advirtió que no permitirán que el Presidente se salga con la suya de “mandar al diablo a las instituciones” y que trate de archivar el informe de auditorías.

“ Emplazamos a la titular de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, y al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, a rendir cuentas y ejercer el papel que les corresponde: el auditor debe auditar y la administración federal debe responder a cada inconsistencia señalada”, manifestó Torres.

“ Según el informe, que por cierto parece que el gobierno quisiera quemar, de las 995 auditorías practicadas únicamente en el 25 por ciento no se identificó alguna problemática, mientras que en el 63 por ciento, de las 775 auditorías restantes se encontraron fallas o errores en la gestión administrativa, y en 26 por ciento hubo incumplimiento de metas u objetivos de fondos, programas o políticas públicas, en 6 por ciento se detectó el desvío de recursos por medio de pagos realizados sin contar con los entregables y en 2 por ciento desvío de recursos financieros, humanos o materiales para fines no previstos en la normatividad”, indicó.

Torres mencionó que el informe evidenció también el deficiente trabajo que realiza la Secretaría de la Función Pública, ya que de 575 mil funcionarios obligados, tan sólo revisó la evolución patrimonial de 92 (0.02 por ciento) y no se implementaron los mecanismos de control para corroborar que cumplieran con la presentación de sus declaraciones patrimoniales.

“ Peor aún, la dependencia encargada de la prevención y combate a la corrupción se resistió a ser revisada, lo que denota no solo incongruencia con sus funciones sino la pone como responsable del desaseo”, refirió.

“ Los diputados del Grupo Anticorrupción (GAC) no dejaremos que este informe se archive. Respaldaremos y colaboraremos en cualquier medida y decisión dentro del Poder Legislativo para que los responsables de que en este país se rindan cuentas, empiecen por el ejemplo y lo hagan sin sesgos partidistas, por encima de cualquier interés, incomode a quien incomode”, manifestó la legisladora.

Sostuvo que ha sido tal el desaseo que los programas emblemáticos de este gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro y la refinería de Dos Bocas, tienen múltiples señalamientos.