Washington D.C, EU.–  Un grupo de preservación de la memoria histórica presentó una demanda este viernes contra el gobierno del presidente Donald Trump por el megaproyecto de un salón de baile en la Casa Blanca, que implicó la demolición de su tradicional Ala Este.

El Fondo Nacional para la Preservación Histórica, financiado con fondos privados, sostiene que el proyecto, estimado en $300 millones de dólares, se llevó a cabo de manera ilegal, ya que excedió la autoridad presidencial y omitió la necesaria autorización del Congreso.

La demanda fue presentada ante un tribunal de Distrito con el objetivo de bloquear la construcción del salón de baile hasta que el proyecto se someta a revisiones exhaustivas de diseño, evaluaciones medioambientales, comentarios públicos y el debate y ratificación legislativa.

“Ningún presidente está legalmente autorizado”

El proyecto de ampliación, que busca duplicar el tamaño de la Casa Blanca, ha suscitado fuertes críticas en las comunidades arquitectónicas y entre adversarios políticos. Sin embargo, esta demanda es el esfuerzo legal más tangible hasta la fecha para detener la obra.

” “Ningún presidente está legalmente autorizado a derribar partes de la Casa Blanca sin ningún tipo de revisión, ni el presidente Trump, ni el presidente Biden, ni nadie más”, establece el documento legal. “Y ningún presidente está legalmente autorizado a construir un salón de baile en propiedad pública sin dar al público la oportunidad de opinar”.

El Fondo acusa a la Administración de haber cometido múltiples violaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Política Ambiental Nacional, además de exceder su autoridad constitucional al no consultar a los legisladores antes de iniciar la demolición.

La demanda exige que se detenga de inmediato el trabajo hasta que los funcionarios “completen las revisiones necesarias, revisiones que deberían haberse llevado a cabo antes de que los demandados demolieran el Ala Este y antes de que comenzaran la construcción del salón de baile”.

Planes y defensa del proyecto

Aunque Trump ha insistido en que el proyecto se financia con dinero privado, incluyendo el suyo propio, la demanda señala que esto no exime a la obra del cumplimiento de las leyes y procedimientos federales que rigen los proyectos del Gobierno de Estados Unidos.

El presidente ha justificado la necesidad del salón de baile quejándose de que los eventos se realizaban bajo carpas, pues el Salón Este y el Comedor de Estado no podían albergar a grandes cantidades de personas.

Se espera que la Casa Blanca presente los planos del nuevo salón a una comisión federal de planificación antes de que finalice diciembre, tres meses después de que comenzara la construcción. Will Scharf, presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, confirmó que los planos se presentarían en el mes en curso y que el proceso de revisión se llevaría a cabo a un “ritmo normal y deliberativo”.

Además del presidente, la demanda nombra como demandados al Servicio de Parques Nacionales, al Departamento del Interior y a la Administración de Servicios Generales.