Washington, EU.- El clima de inseguridad que enfrentan los defensores de los derechos humanos en las Américas ha alcanzado niveles alarmantes, denunciaron hoy 23 organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con las agrupaciones, provenientes de 11 países, esta situación se refleja en los más de mil defensores en Colombia que han sido víctimas de agresiones, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas, entre 2002 y 2009.

Son preocupantes los ataques contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, lideresas de grupos de mujeres que trabajan por la restitución de tierras y sindicalistas.

Tan sólo el año pasado, unos 32 defensores fueron asesinados en ese país, según un documento presentado por estas organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A su vez, en Guatemala ocurrieron mil 72 agresiones entre 2007 y 2010, entre ellas 45 asesinatos, y prevaleció la impunidad en 98 por ciento de estos casos, asentaron las organizaciones en el documento.

Señalaron que en Honduras, al menos 50 defensores fueron asesinados desde que se produjo el golpe de Estado de junio de 2009.

El documento destacó que esa situación responde a la persistencia de ataques por parte de actores estatales o personas que actúan con su respaldo o tolerancia, como es el caso de los paramilitares.

De igual forma, comentaron la aparición de nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y empresas extractivas con intereses económicos en la región.

El documento aludió un informe de Naciones Unidas de 2010, el cual señaló que entre 2004 y 2009 se registraron más de 146 denuncias de amenazas a defensores de derechos humanos en las Américas.

Según ese organismo, los países donde más denuncias se producen son Colombia, México, Guatemala, Brasil y Perú, aunque las organizaciones denunciaron una realidad aún más preocupante.

De igual modo, hicieron notar el incremento de actividades ilegítimas de inteligencia por parte de los Estados contra de los defensores de derechos humanos, con el fin de socavar su actuación.

Ante este escenario, solicitaron a la CIDH crear una relatoría para la protección de los defensores, y que exija a los Estados que implementen medidas efectivas de protección y mejores políticas públicas al respecto.