Ciudad de México.– La instalación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2027 del Instituto Nacional Electoral (INE) se vio marcada por una fuerte confrontación interna tras la denuncia de la consejera Rita Bell López Vences sobre el despido masivo de más de 100 trabajadores. Según lo expuesto, la separación de estos elementos carece de una metodología clara y una justificación institucional objetiva.

Inquietud por la pérdida de capital humano

Durante su intervención, la consejera expresó su solidaridad con el personal afectado y calificó como alarmante que los cambios —vinculados a la llegada de nuevos titulares a Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas designados por la presidencia del INE— se estén traduciendo en renuncias forzadas.

López Vences advirtió que los trabajadores cesados forman parte del personal técnico y especializado, cuya salida podría comprometer la capacidad operativa del instituto ante la proximidad de procesos electorales federales y judiciales.

” “Es muy lamentable que se continúe en estas condiciones; esto genera una legítima preocupación por la pérdida de experiencia y capacidades acumuladas”, señaló.

Choque político y exigencia de transparencia

El señalamiento provocó una reacción inmediata de las representaciones políticas. Jaime Castañeda, representante de Morena ante la comisión, calificó la situación como “grave” y potencialmente ilegal.

” “Una cosa es que concluyan contratos y otra que se esté presionando al personal para renunciar”, cuestionó, solicitando precisiones sobre los términos en los que se están dando estas salidas.

Ante el cuestionamiento, la consejera reveló que la Secretaría Ejecutiva del INE ha confirmado, de manera extraoficial, la cifra de poco más de 100 empleados afectados. No obstante, lamentó que la información detallada sobre los motivos y el procedimiento de estos movimientos no haya sido entregada formalmente al Consejo, a pesar de las solicitudes realizadas.

Diferencias al interior del INE

Por su parte, el consejero Arturo Chávez adoptó una postura de prudencia y llamó a evitar juicios precipitados. Chávez pidió que la discusión se centre en informes oficiales y no en especulaciones o comunicados difundidos en redes sociales.

” “Primero necesitamos información institucional para hacer un análisis de si los cambios están dentro de la legalidad o si representan una arbitrariedad”, sostuvo.

La sesión concluyó con la reiteración de la petición de López Vences para que la Secretaría Ejecutiva, encabezada por Claudia Arlett Espino, rinda un informe pormenorizado sobre las condiciones en las que se están finalizando las contrataciones y se garantice el respeto a los derechos laborales y el pago de las prestaciones pendientes para los trabajadores afectados.