Ciudad de México.- Una nueva política en las convocatorias de los premios literarios del Inbal prohíbe la participación de personas que hayan sido denunciadas o sancionadas por violencia de género, acoso sexual, discriminación racial, o por conductas que hayan vulnerado derechos humanos de terceros.

Asimismo, todos los y las participantes son obligados a firmar una carta donde se comprometen a actuar con los principios y valores del Instituto, que se alinean con las leyes en contra de la violencia hacia las mujeres.

Aunque estas acciones son congruentes con los principios declarados por el Gobierno, escritoras y escritores alertan que, en realidad, se trata de una violación a la presunción de inocencia y una extralimitación discriminatoria por parte de la dependencia.

El debate fue iniciado en redes sociales por la escritora María Rivera, quien compartió la carta que deben firmar los aspirantes al Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, considerado el más importante del género en México.

“

¡No sólo es una aberración, sino una abierta ilegalidad!”, escribió en una publicación en su Facebook que ha sido ampliamente comentada. “Los premios literarios son eso: literarios, no de buen comportamiento ciudadano”, agregó la poeta, quien ganó ese mismo certamen en 2005.

En entrevista, la autora explicó que uno de los aspectos más preocupantes de esta nueva política es que equipara ser acusado o denunciado por un delito a haber sido encontrado culpable y sentenciado por el mismo.

“

Es darle peso a denuncias, cuando las denuncias no son legales, no tienen ningún peso. Y, en realidad, ahí hablan de denuncias, pero, ¿denuncias en qué? ¿Denuncias en las redes sociales? Es una cosa muy grave”, reflexionó.

A la letra, la convocatoria del Premio Aguascalientes prohíbe la participación no sólo de aquellos y aquellas aspirantes que hayan sido encontrados culpables, sino denunciados por un delito.

Este diario corroboró que, en el proceso de inscripción, los aspirantes que suben una obra a la plataforma del Inbal reciben una “Carta bajo protesta de decir verdad”, cuya firma es indispensable para poder participar.

La segunda parte de la carta demanda a los aspirantes que, en caso de recibir el premio, se comporten con los lineamientos morales del Inbal.

“

En caso de resultar ganador, me comprometo a orientar mi actuar a los principios, valores, reglas de integridad y compromisos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura”, expone la carta: “(…) con el propósito de prevenir y erradicar las conductas descritas con anterioridad en términos de lo establecido por Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás relativos y aplicables”. “Es un delirio autoritario”, criticó Rivera.

Además de socavar la presunción de inocencia en el caso de participantes que pudieran ser denunciados o denunciadas, Rivera considera que las dependencias organizadoras del premio extralimitan sus atribuciones y atropellan resoluciones judiciales.

“

No es atribución de la Secretaría de Cultura juzgar la moralidad de los creadores, o si cometieron delitos. El espacio donde se tiene que juzgar esas cosas es en el ámbito judicial y son los jueces los que pueden decir qué derechos pierde el infractor”, opinó.

Para Carlos Lara, especialista en derechos culturales, la parte más cuestionable de la carta para poder participar es la que obliga a los artistas a comprometerse al código de conducta del Inbal.

“

A mí me parece una declaración forzada. Habría que diferenciar entre la parte legal y jurídica y la parte deontológica”, expuso.

Por otro lado, explica que negar la participación de una persona por una acusación o denuncia podría llegar a ser una violación de sus derechos.

“

Tiene que haber una sentencia en firme. Si no la hay, no se puede proceder. Ahí sí estarías violando un derecho fundamental, que es la presunción de inocencia”, alertó.

De igual forma, Lara estimó que, si se le niega la participación en el concurso a una persona que ya ha pagado una pena por una sanción, podrían estar quebrando sus derechos.

“

Si una persona ya purgó una pena está en todo el derecho de poder participar, porque es jurídico el tema”, reflexionó. “Una persona que entra a la cárcel pierde sus derechos políticos; no vas a poder votar, pero cuando recuperes tus derechos políticos, cuando hayas pagado, podrás votar y podrás hacer uso de de todos y cada uno de tus derechos políticos, hasta ser candidato a un puesto de Gobierno.

“

Los que nunca se pierden son los derechos culturales, así estés en la cárcel tienes derecho a todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales para las familias penitenciarias, para los propios presos, porque esos derechos no se pierden; son derechos fundamentales, son derechos humanos”.

REFORMA verificó que en la convocatoria del año pasado del Premio Aguascalientes no existió la prohibición para las personas denunciadas o sancionadas de un delito.

Esta misma restricción se replica en la otra convocatoria abierta de este año, que corresponde al Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón.