Ciudad de México.- Autoridades capitalinas buscan que la Fiscalía local investigue a líderes de una organización de comerciantes informales del Centro Histórico por abusar de población vulnerable, como madres solteras y personas que viven con discapacidad, para la venta de sus productos en vialidades donde se prohíbe el ambulantaje.

El domingo, REFORMA publicó que locatarios y empresarios del Primer Cuadro de la Ciudad detectaron que líderes de informales piden a personas de poblaciones vulnerables el comercializar su mercancía.

Dunia Ludlow, titular de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, indicó que desde febrero se detectó esta modalidad de comercio informal, por lo que la dependencia conformó una carpeta de investigación que fue entregada a la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, para que se indague la posible existencia de una red de trata y la explotación laboral de estos grupos.

La nueva modalidad de comercio informal fue atribuida a la Organización en Pro de las Tradiciones Mexicanas, que cuenta con mil 242 agremiados y la cual es encabezada por un hombre, identificado como Sergio “N”, quien, de acuerdo con denuncias, es el encargado de repartir la mercancía entre los ambulantes y cobrarles el derecho de piso.

“ La principal preocupación es que se utilicen a personas vulnerables para seguir comercializando en espacios que son prohibidos y que estos grupos sigan cobrando cuotas a través de estas personas; nuestra preocupación no sólo es en materia de reordenamiento sino en materia de protección de los derechos humanos de las personas afectadas”, indicó Ludlow.

Detalló que la práctica ha sido detectada en calles como el Andador Peatonal Francisco I. Madero, Simón Bolívar y Motolinía, así como en Eje Central Lázaro Cárdenas.

Las autoridades capitalinas han desplegado a policías vestidos de civil, denominados “plantados”, para prevenir este tipo de prácticas, indicó Ludlow, además de que se ha promovido el acercamiento con los ambulantes que pertenecen a alguna población vulnerable para ofrecerles programas sociales.

“ Empezamos a darle seguimiento a partir de las primeras denuncias de los locatarios, y además de los 30 policías que hay plantados, constantemente también hay barridos en las zonas prohibidas para vigilar el crecimiento de estas prácticas”, explicó la funcionaria.