Monclova, Coah.- Un grupo de al menos 10 personas acudió la tarde de ayer a las oficinas de la empresa “Alianza Nacional Multimarca”, ubicada en la Plaza Santa Fe, en el cruce del bulevar Harold R. Pape y avenida Monterrey, de la colonia Guadalupe, para exigir respuestas ante lo que califican como un incumplimiento de contrato por parte de la compañía dedicada a la venta de automóviles a crédito.

Los afectados afirmaron haber entregado enganches de entre 15 y 17 mil pesos, según la unidad seleccionada, y firmaron convenios en los que se estipulaba que el vehículo sería entregado en un plazo máximo de 15 días.

Además, las mensualidades acordadas rondaban los 4 mil pesos. Sin embargo, aseguran que a pesar de haber cumplido con los pagos iniciales, ninguna unidad ha sido entregada y que, al intentar comunicarse con la empresa, no obtuvieron respuesta telefónica ni por otros medios.

Desesperados por la falta de atención, decidieron presentarse personalmente en las instalaciones. No obstante, al arribar, el gerente identificado como Cristian, se negó rotundamente a recibirlos, encerrándose en su oficina y evitando dar la cara o brindar alguna explicación.

Ante la tensión del momento, al lugar se presentaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes intentaron mediar en el conflicto. Sin embargo, tampoco obtuvieron una respuesta formal por parte de los representantes de la empresa.

Entre los afectados, Juan José Castro y Karla Martínez, señalaron que llevan más de dos meses esperando la entrega de sus vehículos. Según sus testimonios, tras múltiples evasivas, la empresa les ofreció tres opciones: entregar un aval, pagar seis mensualidades anticipadas, o cancelar el contrato, obteniendo únicamente el 30% del dinero entregado, incluyendo enganche y pagos realizados.

Además, los afectados denunciaron que tras firmar los contratos, recibieron hojas de amortización que no correspondían a lo que se les había prometido verbalmente. En el caso de Karla Martínez, la unidad Nissan Versa, modelo 2025, que solicitó tendría que pagarla a 12 años, mientras que en el caso de Juan José, el plazo sería de 8 años, lo que incrementó aún más su inconformidad.