Cancún, Q. Roo. — Una coalición de 12 organizaciones civiles, encabezada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), solicitó formalmente a la Semarnat una revisión exhaustiva de la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA). Las agrupaciones denuncian un patrón sistemático de opacidad, invasión de competencias federales y el bloqueo deliberado a la participación ciudadana en proyectos de alto impacto.

Invasión de competencias y autorizaciones “exprés”

El documento, firmado por colectivos como Sélvame MX, GEMA del Mayab y DMAS, señala que la SEMA estatal ha asumido funciones que, por ley, corresponden exclusivamente a la Federación. Según la denuncia, la dependencia estatal ha autorizado Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de proyectos que, por su magnitud y localización, deberían ser evaluados bajo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) por autoridades federales.

Las irregularidades detectadas incluyen:

– Autorizaciones aceleradas: Emisión de permisos antes de publicar los listados mensuales obligatorios, impidiendo que la sociedad conozca los proyectos.

– Veto a la participación: De más de 100 solicitudes de consulta pública presentadas por ciudadanos, la SEMA no ha abierto prácticamente ninguna.

– Uso de formalismos: Aplicación de criterios restrictivos e “interpretaciones maliciosas” de la ley para inhibir el derecho a la información.

El caso de la restauración de playas

Como ejemplo reciente de este “relajamiento” de estándares, las organizaciones citaron las obras de rehabilitación de playas en diversos municipios. En estos casos, se ha solicitado a la Semarnat federal que niegue modificaciones a permisos antiguos (de 2009) y exija una nueva evaluación integral, debido a que los impactos actuales son regionales y acumulativos, superando la capacidad técnica y legal del ámbito estatal.

Exigencias a la Federación

Ante lo que consideran una erosión de la confianza en las instituciones locales, las asociaciones demandaron a la Semarnat las siguientes acciones inmediatas:

1. Investigación profunda: Verificar si la SEMA y la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) estatal están realizando inspecciones ilegales en proyectos de jurisdicción federal.

2. Freno a la fragmentación ambiental: Garantizar que proyectos de impacto regional no sean fragmentados para ser resueltos por el estado con estándares menores.

3. Transparencia total: Asegurar el acceso real a la información ambiental y la apertura de consultas públicas efectivas.

Las organizaciones advirtieron que la Evaluación de Impacto Ambiental no es un trámite discrecional, sino un instrumento preventivo.

” “El hecho de que la SEMA obstruya la participación ciudadana incrementa el riesgo de daño ambiental y debilita el Estado de derecho”, sentenciaron los firmantes, quienes reiteraron su disposición para aportar pruebas técnicas que frenen la degradación del patrimonio natural de la entidad.