Chilpancingo, Guerrero.- La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) denunció que el gobierno municipal de Olinalá, en la Montaña Alta de Guerrero, y miembros de la organización priísta Antorcha Campesina, secuestraron a 20 ciudadanos del poblado San Antonio Coyahuacan.

En un comunicado, la organización aseguró que entre las personas privadas de la libertad este domingo hay mujeres y niños. ‘‘Responsabilizamos al gobierno municipal y estatal del desenlace de estos acontecimientos’’, señalaron.

‘‘Tememos por la vida de nuestros compañeros; el gobierno municipal de Olinalá nos dice que ‘no se mete’, pero su policía mostró sendos cuernos de chivo junto a los antorchistas, que son lo mismo.

‘‘Estos actos aberrantes representan una estúpida provocación y si esto es avalado por el gobierno del estado estamos hablando de demencia política’’, reprochó la coordinadora.

Llamó a las autoridades ‘‘a la responsabilidad social y no a la generación de más conflictos; esperamos que ya paren esta provocación y dejen de utilizar a Antorcha Campesina para agredir a la comunidad’’.

Apoya arzobispo de Acapulco a organizaciones de autodefensa

Por otra parte, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, consideró que ‘‘vuelve a ser urgente que autoridades logren una coordinación con policías comunitarias, las cuales han dado seguridad a las comunidades y eso debería ser una señal para la autoridad’’, subrayó.

El prelado declaró lo anterior luego del asesinato del comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Miguel Ángel Jiménez Blanco, ocurrido en el poblado rural de Xaltianguis, municipio de Acapulco, el sábado anterior.

Jiménez Blanco fue fundador de la policía comunitaria en Xaltianguis, donde debido a la inseguridad ciudadanos decidieron integrarse y organizar una guardia civil el 12 de junio de 2013 para terminar con extorsiones y asaltos.

Así, el 18 de agosto de ese mismo año se integró el primer grupo de 102 policías comunitarias mujeres en Xaltianguis.

El arzobispo Garfias Merlos manifestó que ‘‘las autoridades deben dar reconocimiento a los grupos de autodefensa, coordinarlos y darles una capacitación adecuada para que se conviertan en verdaderos grupos de colaboración ciudadana’’.

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