Washington.- El Departamento de Justicia (DOJ) emitió un dictamen legal que permitirá al presidente Donald Trump conservar los registros de su administración al finalizar su mandato, contradiciendo una ley federal de 1978 diseñada para garantizar la transparencia. La medida, calificada por grupos de vigilancia como un intento de obstaculizar la transparencia, se produce en medio de cambios en el liderazgo del DOJ y una orden ejecutiva sobre pagos durante el cierre gubernamental.

Dictamen desafía ley de la era Watergate

En un memorando publicado este miércoles, la oficina de asesoría legal del DOJ argumentó que la Ley de Registros Presidenciales de 1978 –promulgada tras el escándalo de Watergate– “excede los poderes… del Congreso” y afecta la autonomía constitucional del presidente. Con base en este razonamiento, el dictamen concluye que el presidente “ya no tiene que cumplir” con dicha norma.

La ley “excede los poderes enumerados e implícitos del Congreso y engrandece al Poder Legislativo a expensas de la independencia y autonomía constitucional” del presidente.

Esta ley requiere tradicionalmente que el jefe del Ejecutivo entregue todos los registros oficiales a la Administración Nacional de Archivos y Registros.

Contexto: el caso de Mar-a-Lago

La decisión tiene lugar después de que Trump fuera acusado en 2023 por el presunto manejo indebido de documentos, incluidos materiales clasificados, que conservó en su residencia de Mar-a-Lago tras dejar la presidencia en 2021. Grupos de vigilancia gubernamental han denunciado la nueva medida como “otro golpe” a los archivos nacionales.

Reestructuración en el Departamento de Justicia

En paralelo, se anticipan más cambios en puestos claves del DOJ. Según reportes, los ajustes podrían afectar al fiscal general adjunto, Stanley Woodward, y a la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon.

Orden ejecutiva sobre cierre gubernamental

Por otra parte, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que garantiza el pago de sueldos y beneficios a todos los empleados del Departamento de Seguridad Interior (DHS) durante el cierre parcial de la agencia. La orden instruye al nuevo titular del DHS, Markwayne Mullin, a utilizar fondos disponibles para realizar los pagos.

Este memorando, titulado “Liberando al Departamento de Seguridad Interior del cierre provocado por los demócratas”, sigue una acción similar de la semana pasada dirigida a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte.

Con información de The Independent