Santa Fe, Nuevo México. -Las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump el día de su investidura y sus promesas de deportaciones masivas de “millones y millones” de personas dependerán de conseguir fondos para los centros de detención.

El gobierno de Trump no ha dicho públicamente cuántas camas en centros de detención de migrantes necesita para alcanzar sus objetivos, ni cuál será el costo. Sin embargo, se calcula que 11.7 millones de personas viven sin la autorización pertinente en Estados Unidos, y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) actualmente tiene presupuesto para detener a unas 41 mil.

El gobierno necesitaría espacio adicional para retener a esas personas mientras se procesan sus casos y se prepara su expulsión, a veces en avión. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) estima que el costo diario por cama para un adulto es de aproximadamente 165 dólares.

Solo una parte del plan de Trump, un proyecto de ley conocido como la Ley Laken Riley, que ha sido aprobada por el Congreso, requeriría al menos 26 mil 900 millones para aumentar la capacidad de las instalaciones de detención de inmigrantes y agregar 110 mil camas, según un reporte reciente del DHS.

Esa norma, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia cuyo asesinato a manos de un venezolano el año pasado se convirtió en un grito de guerra para la campaña de Trump a la Casa Blanca, amplía los requisitos para que las autoridades de inmigración detengan a cualquier persona que, estando en el país de forma ilegal, esté acusada de robo y crímenes violentos.

Trump también movilizó tropas para intentar frenar los cruces ilegales en la frontera sur. Activó la Ley de Enemigos Extranjeros para combatir a los cárteles, una norma de 1798 que apenas se utiliza y permite al presidente deportar a cualquier persona que no tenga la ciudadanía estadounidense y sea de un país con el que haya una “guerra declarada” o una amenaza o intento de “invasión o incursión depredadora”.

La infraestructura de detención también se verá presionada por la prohibición de Trump de la práctica conocida como “captura y liberación”, que permite que algunos migrantes vivan en Estados Unidos mientras esperan el avance del proceso judicial migratorio, en favor de la detención y deportación.

En la actualidad, el ICE retiene a inmigrantes en sus centros de procesamiento y en instalaciones de detención operadas de forma privada, junto con prisiones y cárceles locales en virtud de acuerdos en los que pueden participar gobiernos estatales y municipales. No tiene instalaciones diseñadas para la detención de familias, que representan cerca de un tercio de las llegadas por la frontera sur.

“Hay una limitación en el número de camas disponibles para el ICE”, afirmó John Sandweg, que fue director interino de la agencia durante la presidencia de Barack Obama. “Solo hay un número determinado de cárceles que puedes contratar, proveedores privados que tienen camas disponibles. Y si la administración quiere hacer un aumento importante de la capacidad de detención, eso requerirá la construcción de nuevas instalaciones”.

La declaración de Trump de una emergencia nacional en la frontera con México utiliza al ejército para reforzar las deportaciones masivas y proporcionar un “espacio de detención apropiado”. El Pentágono también podría proporcionar apoyo en el transporte aéreo al DHS.

Los inversionistas privados apuestan por un aumento en la construcción, lo que impulsó las acciones de los dos principales proveedores de centros de detención de migrantes: GEO Group, con sede en Florida, y CoreCivic, de Tennessee.

Una rápida maniobra presupuestaria en el Congreso, conocida como “conciliación”, podría proporcionar más fondos para detenciones como pronto en abril. Al mismo tiempo, el comisionado de tierras del estado de Texas ha ofrecido al gobierno federal una parcela rural a lo largo de la frontera para este tipo de instalaciones.

La Unión Americana de Libertades Civiles estima que el ICE estaría estudiando aumentar el espacio de detención en al menos ocho estados, en lugares que van desde Leavenworth, Kansas, hasta las afueras de las principales poblaciones de migrantes en Nueva York y San Francisco, señaló Eunice Cho, abogada principal del grupo y de su Proyecto Nacional de Prisiones.

La ACLU presentó una demanda para acceder a la correspondencia de proveedores privados de servicios de detención después de que, el año pasado, el ICE solicitó opiniones sobre una posible expansión. Los correos electrónicos de estas empresas sugieren la posible reubicación de un campamento de tiendas en Carrizo Springs, Texas, que había sido empleado para retener a menores migrantes, y del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, uno de los dos principales centros para familias eliminado por el gobierno de Biden en 2021.

“Bajo la administración Trump, el Departamento de Seguridad Nacional trabajará para tratar de detener a todos los que pueda y expandir su capacidad de detención mucho más allá de la disponibilidad actual en Estados Unidos”, añadió Cho.

Cho apuntó que, en última instancia, el Congreso controla los fondos para la infraestructura de detención de inmigrantes, y que la participación del Pentágono bajo el decreto de emergencia de Trump, amerita un debate.

Los defensores de los derechos de los migrantes advierten de un estado policial hipermilitarizado que podría ampliar enormemente el mayor sistema de detención de migrantes del mundo. Las instalaciones de detención supervisadas por ICE han luchado por cumplir con algunos estándares federales de atención, obstaculizando la seguridad del personal y los retenidos, según halló un inspector general del Departamento de Seguridad Nacional durante 17 inspecciones no anunciadas entre 2020 y 2023.

Durante el primer mandato de Trump, se autorizó el uso de bases militares para detener a menores, incluidas instalaciones del Ejército en Fort Bliss, Texas, y la Base de la Fuerza Aérea Goodfellow. En 2014, Obama recurrió temporalmente a bases militares para retener a niños mientras aumentaba los centros para familias operados de manera privada para dar cabida a muchas de las decenas de miles de familias centroamericanas apresadas mientras cruzaban la frontera de forma ilegal.

Las bases militares se han utilizado desde la década de 1970 para acomodar temporalmente a oleadas de personas que huían de Vietnam, Cuba, Haití, Kosovo y Afganistán.