México.- Los beneficiarios de los programas sociales en todo el país están plenamente identificados para que gobierno alguno pueda valerse de la pobreza y de recursos públicos para “agenciarse votos”, afirmó la titular la Sedesol, Rosario Robles.

En la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que la dependencia que encabeza no admitirá, al igual que en la jornada electoral de 2013, que algún servidor público infrinja las disposiciones electorales.

Esto es, aclaró, que el uso de los recursos públicos para el desarrollo social no puede ni debe desviarse hacia otros fines, “y esa es la instrucción directa del presidente Enrique Peña Nieto”.

La funcionaria resaltó que “no es viable en democracia pensar en los derechos sociales a costa de los derechos políticos o viceversa”.

Robles Berlanga enumeró las acciones que la Sedesol ha preparado, a través de su Guía y Protocolo Electoral 2015, en donde advierte a su estructura territorial y sectorizada que nada podrá apelar a la ignorancia ante la comisión de algún delito electoral.

Resaltó que la equidad en unos comicios no es sólo un tema de competencia electoral, es un problema de la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales, tanto políticos como sociales.

De tal suerte, informó, que la dependencia a su cargo adelantará 45 días naturales la entrega de apoyos de los programas sociales para evitar su condicionamiento y el menoscabo de los derechos sociales de las personas en pobreza.

Suspenderá además 45 días antes de la jornada electoral del 7 de junio las reuniones masivas con los beneficiarios de los programas; en línea con el acuerdo emitido por el INE y como lo señala el Artículo 41 constitucional, suspenderá la difusión de su propaganda gubernamental.

“También llevaremos a cabo inspecciones para verificar el resguardo del parque vehicular, inmuebles y demás recursos de la Sedesol 48 horas antes de la jornada electoral”, acotó.

Ante el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y los demás integrantes del Consejo General de ese organismo, Rosario Robles dijo que la posibilidad de la comisión de un delito electoral no debe suponer la afectación de los derechos sociales de las personas en pobreza.

Dejó claro que una persona en pobreza no es un simple receptor de recursos, sino un sujeto activo de derechos, por lo que el condicionamiento de la entrega de apoyos de programas sociales es contraria a esta concepción.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE).