Madrid.- El ministro José Ramón Cossío Díaz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), descartó hoy aquí que la reforma sobre el juicio de amparo modifique el papel del máximo tribunal de México o que le reste funciones sobre legalidad.

Al participar en la conferencia “El recurso de amparo en perspectiva comparada” en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Cossío Díaz explicó el actual sistema de juicio de amparo en México y el desarrollo de la reforma, actualmente en proceso legislativo.

Ante estudiantes y académicos comentó que esta reforma, junto a la constitucional sobre derechos humanos, significa “una transformación brutal, un cambio sustantivo” para los órganos judiciales.

“Estamos a punto de entrar en un nuevo ciclo del juicio de amparo”, añadió al exponer cada una de las modificaciones que se plantean para hacerlo correspondiente con las necesidades actuales.

El ministro descartó que la reforma vaya a cambiar las funciones de legalidad que tiene la SCJN para favorecer la constitucionalidad, por lo que “se seguirá con las mismas funciones e igual que ahora en ese sentido”.

Recordó que una de las novedades es que los conflictos que se ventilen en los 32 tribunales de circuito y los colegiados se resuelvan en ese nivel, si son cuestiones de doctrina general, lo que ahorraría un 60 por ciento de los procedimientos de este tipo que llegan a la SCJN.

Sobre la reforma constitucional sobre derechos humanos, recalcó que la principal novedad es que incorpora los derechos fundamentales establecidos en los Tratados Internacionales que México haya suscrito.

Reconoció que hacer una interpretación de ellos “es un tema muy serio, y que va a ser un trabajo de años”.

Cossío Díaz enfatizó que la reforma insta a los diferentes órganos del Estado a ser promotores de los derechos humanos.

En esta conferencia, el ministro mexicano participó al lado del magistrado del Tribunal Constitucional de España, Manuel Aragón; del magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Humberto Sierra, y la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Paloma Biglino.