Boston, Estados Unidos.- Un juez federal de Boston desecho hoy la demanda del Gobierno de México contra siete fabricantes y un distribuidor de armas de Estados Unidos, a los que pretendió hacer corresponsables de la violencia en el país.

Dennis Saylor, juez de la Corte de Distrito en Massachusetts, determino que la acción de México es improcedente, porque este tipo de demandas están expresamente prohibidas por la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas, expedida por el Congreso de Estados Unidos en 2005.

“ Esta ley prohíbe, de manera inequívoca, las demandas que pretenden hacer responsables a los fabricantes de armas por los actos de individuos que las utilizan. Si bien la ley contiene algunas excepciones estrechas, ninguna es aplicable”, afirmo Saylor.

Saylor tuvo algunasexpresiones de simpatía hacia el reclamo mexicano y las víctimas de la violencia en el país, pero el juez fue claro en que no tiene la autoridad para ignorar una ley del Congreso.

Otras leyes que podrían dar lugar a responsabilidad de las empresas, invocadas por México, tampoco fueron consideradas por el juez como aplicables.

“ El Congreso no expidió estas leyes para proteger a Gobiernos extranjeros, en particular, para protegerlos de incrementos en sus gastos de salud y procuración de justicia como resultado de actos de violencia, perpetrados por ciudadanos extranjeros en territorio extranjero”, explico.

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE)impugnara el fallo ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que también tiene su sede en Boston, en un proceso que llevara varios meses.

Sin embargo, las probabilidades de éxito de una apelación en el sistema judicial estadounidense son mínimas. Si México lo desea, podrá incluso intentar llevar el caso a la Suprema Corte de ese país, que es extraordinariamente selectiva en los asuntos que acepta revisar.

BOOM – A federal judge has thrown out the Mexican government lawsuit against various U.S. gun companies for the trafficking of arms to Mexico.

However, the suit has had a major impact on how the U.S. sees the issue, and is not the end of the Mexican government’s legal strategy.

— Ioan Grillo (@ioangrillo) September 30, 2022

México reclamaba a empresas como Smith y & Wesson, Colt, Barrett Firearms y Beretta, el pago de daños y perjuicios, daños punitivos e incluso un porcentaje de sus ganancias, así como múltiples medidas preventivas para evitar el tráfico hacia territorio nacional, donde 70 a 90 por ciento de las armas involucradas en hechos de violencia vienen de Estados Unidos.

“ Esta ola de armas (hacia México) no es un fenómeno natural o una consecuencia inevitable del negocio o las leyes de armas de Estados Unidos. Es el resultado previsible de las acciones deliberadas y las prácticas de negocio de las demandadas”, afirma la demanda.

Desde un principio, el caso tenía pocas posibilidades. En Estados Unidos, es altamente inusual que un caso civil federal llegue a juicio, por los enormes costos para todos los involucrados, que prefieren negociar.

Entre marzo de 2019 y marzo de 2020, sólo 2 mil 84 de las 244 mil 814 demandas civiles en las que alguna corte federal dictó acuerdo inicial llegó a la etapa de juicio, con o sin jurado, apenas el 0.8 por ciento.