Jessika Becerra | Ciudad de México.- El 90% de las concesionarias de radio y televisión, comerciales y públicas, presentaron ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el código de ética y la designación de las personas defensoras de las audiencias, como parte de la regulación del sector.

En un comunicado, la Comisión indicó que el pasado viernes 6 de noviembre concluyó el plazo para cumplir con los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, publicados el 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A partir del 16 de noviembre, las personas defensoras de las audiencias podrán recibir quejas, sugerencias y reclamaciones con base en los nuevos códigos de ética.

Las estaciones de radio y los canales de televisión tienen la obligación de publicar, en un lugar visible de sus páginas oficiales, su código de ética y los medios de contacto de su defensoría.

La persona defensora de las audiencias deberá contar con experiencia en materia de comunicaciones, derecho, radiodifusión o telecomunicaciones y no haber laborado para la concesionaria respectiva durante los dos años anteriores a su designación.

En el caso de las concesionarias sociales comunitarias, indígenas o afromexicanas, las personas defensoras deberán provenir de esas comunidades.

La persona defensora tendrá a su cargo la recepción, registro, atención, resolución y seguimiento de las quejas que presenten las audiencias y, en su caso, emitirá las recomendaciones correspondientes a la concesionaria.

De acuerdo con los lineamientos, deberá actuar de manera imparcial e independiente en la atención de las quejas, así como entregar a la CRT y publicar en su portal de internet, en abril y octubre de cada año, un informe semestral de actividades que contenga el listado de asuntos recibidos y los plazos en que se atendieron.

Una vez admitida la queja, la persona defensora tendrá cinco días para solicitar a la concesionaria un informe sobre los hechos que la motivaron. Este deberá entregarse en un plazo máximo de cinco días. Posteriormente, la persona defensora notificará su determinación en un máximo de tres días.

El texto destaca que la persona que presente la inconformidad podrá solicitar la intervención de la CRT cuando la persona defensora no la resuelva.