Saltillo, Coah.- El delito de despojo se ha vuelto cada vez más común en Saltillo y la región sureste, al grado de reflejar —según especialistas— la debilidad del Estado de derecho y la falta de respuesta de las autoridades para proteger a las víctimas.

De acuerdo con cifras del delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera, en lo que va del año se han recibido 138 denuncias por despojo, aunque abogados advierten que el número real podría ser mayor, pues muchos afectados no presentan denuncia por desconfianza o desconocimiento.

El abogado Gerardo Pérez Pérez, explicó que este delito sí está tipificado en el Código Penal del Estado de Coahuila, en los artículos 288 y 289, y que se castiga la usurpación o toma de posesión de un inmueble ajeno, ya sea mediante violencia, engaño, furtividad o aprovechando la falta de vigilancia.

“ El despojo es un delito contra la propiedad, pero no se requiere ser dueño para denunciarlo; basta con tener la posesión legítima. Lo que se sanciona es la usurpación, la toma del inmueble en perjuicio de quien lo posee”, explicó el jurista.

Pérez Pérez detalló que la ley reconoce varias formas de cometer el delito:con violencia física o moral, cuando alguien entra por la fuerza. Aprovechando la falta de vigilancia, cuando el inmueble está solo y alguien se mete. Con furtividad, si ocurre durante la noche o en secreto y con engaño o fraude, como en el caso que motivó la denuncia pública, donde una persona se hace pasar por propietaria para tomar posesión.

El abogado señaló que, contrario a lo que algunas autoridades afirman, el despojo no es únicamente un asunto civil, pues el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite al juez restituir provisionalmente la posesión a la víctima mientras se resuelve el proceso.

“ El Ministerio Público debe actuar en defensa de la víctima, no en su contra. Negarse a recibir una denuncia bajo el argumento de que ‘es un tema civil’ es una forma de darle la espalda al afectado”, criticó.

Agregó que las víctimas también pueden acudir al Poder Judicial para promover juicios interdictales —de retener o recuperar la posesión—, que por ley deben resolverse de manera rápida para evitar que el afectado espere años para recuperar su inmueble.

“ No puede ser que alguien pierda su casa y tenga que esperar tres años para que el juez le regrese lo que era suyo. La justicia tardía también es injusticia”, afirmó.

El jurista advirtió que la falta de actuación de las autoridades fomenta la impunidad y la justicia por propia mano, un escenario que —dijo— representa un riesgo para la convivencia social.

“ El despojo es un termómetro del respeto al Estado de derecho. Si la autoridad no actúa, lo que viene es que la gente quiera hacerse justicia sola, y eso es muy peligroso”, concluyó Pérez Pérez.