Saltillo, Coah.- Una investigación, de la cual dio fe un notario público, evidencia más corrupción en el Municipio de Saltillo. El ejercicio auspiciado por la regidora Tomasa Vives Preciado puso al descubierto la exigencia de “moches” por parte de funcionarios de la Dirección de Alcoholes, incluido al titular, Guillermo Quintero, y su subalterno Lázaro Treviño.

Ambos funcionarios piden “moches” que van desde los 30 mil hasta los 50 mil pesos a cambio de dar protección a expendedores de alcohol en Saltillo, quienes fueron los mismos que hicieron la denuncia debido a que las extorsiones se vuelven cada vez más frecuentes.

La denuncia fue depositada en la Contraloría del Ayuntamiento y ratificada ante la Tesorería. Se dio tras el despido y posterior reinstalación de al menos cuatro interventores de alcoholes del Municipio acusados de corrupción.

Según fuentes cercanas a la investigación, que se realizó mediante un recorrido por varios sectores de la ciudad y donde se dio fe de las declaraciones de los dueños de expendios, Lázaro Treviño Figueroa y el propio Guillermo Federico Quintero, jefe de interventores y coordinador de Alcoholes, “cazaban” a los dueños de expendios a la hora del cierre para exigir fuertes pagos a cambio de no aplicar la multa por la presunta violación al horario de venta de alcohol.

Actúan funcionarios al margen de la ley

Regidores del Ayuntamiento, acompañados de un notario público, constataron los testimonios y llevaron las quejas ante la Contraloría municipal para iniciar la investigación.

Raúl Calderón, quien forma parte del Comité de Operatividad de Ciudad Sanitaria, aseguró que tanto Guillermo Quintero como Lázaro Treviño aprovechan los márgenes de la ley para lucrar y fomentar la prostitución clandestina.

Sin embargo, al no tener pruebas, confían en que la actual investigación detenga las actividades ilícitas de ambos funcionarios.

“Quieren que los agarres en la movida, que grabes y lleves pruebas, cuando son las autoridades las que deben hacerlo y aplicar la ley, no nomás con nosotros”.

ANTECEDENTE

A mediados del 2014, al menos tres dueños de antros señalaron a Josué Moreno, excolaborador del alcalde Isidro López, como quien se hacía pasar como inspector de Alcoholes y solicitaba desde 15 mil hasta 300 mil pesos por tramitar licencias para venta de alcohol.