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Excélsior
Publicado el domingo, 15 de marzo del 2026 a las 17:00
Conkal, Yuc. — En un operativo que pone de manifiesto la infiltración delictiva en las corporaciones locales, elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) detuvieron a cuatro agentes de la Policía Municipal de Conkal, entre ellos un comandante, por su presunta vinculación con una célula criminal dedicada al narcomenudeo y al robo de vehículos.
La detención se derivó de un despliegue estratégico tras múltiples reportes de inseguridad en la zona. Según el informe oficial, los agentes estatales sorprendieron a los policías municipales en una unidad oficial mientras realizaban el cobro de “derecho de piso” a presuntos distribuidores de droga y ladrones de motocicletas.
Los implicados fueron trasladados de inmediato y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar el proceso de judicialización bajo cargos de extorsión y asociación delictiva.
Este caso ocurre en el marco de la reciente Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, promulgada en noviembre de 2025. Dicha legislación es clave en este proceso, ya que eliminó los vacíos legales que existían cuando cada estado sancionaba de forma distinta.
Puntos clave del nuevo marco legal:
– Unificación del delito: Establece un concepto único de extorsión para todo México, incluyendo modalidades como el cobro de piso.
– Sanciones homologadas: Las penas son ahora uniformes en todo el país, evitando que los delincuentes busquen estados con leyes más laxas.
– Protección a víctimas: La ley contempla mecanismos reforzados para incentivar la denuncia, un factor crítico dado que el miedo a represalias suele frenar los procesos judiciales.
La extorsión, definida como el uso de violencia o amenazas para obligar a la entrega de bienes o dinero, ha tenido un impacto profundo en la economía regional, provocando el cierre de negocios y el asedio a ciudadanos.
Especialistas señalan que la detención de estos funcionarios públicos en Conkal será una prueba de fuego para la nueva ley, cuya efectividad depende ahora de la capacidad de la Fiscalía para sancionar conforme al nuevo marco federal y limpiar las corporaciones de seguridad.
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