Ciudad de México.- La ex presidenta del DIF estatal, Brenda Ruacho, esposa del ex Gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, firmó un acuerdo reparatorio por 6.8 millones de pesos, luego de que la Fiscalía General estatal (FGE) la acusó de robo cuando estaba al frente del DIF.

La transferencia bancaria no fue hecha en ese momento, por lo que la FGE espera que en “las próximas horas” la transacción sea resuelta.

El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, estableció en un comunicado que Ruacho “se acogió a lo que contempla el artículo 16 de la Ley Penal (Código Nacional de Procedimientos Penales) actual”.

“Permite la reparación del daño, monto que asciende casi a los 7 millones de pesos, dinero del cual dispuso de manera ilegal en una cuenta personal”, expuso.

“Este recurso forma parte del patrimonio del Estado por lo que, posterior a la firma, en las próximas horas, Ruacho tiene que hacer una transferencia bancaria a una cuenta oficial del Gobierno del Estado para resarcir el daño”, explicó.

En un comunicado, la SGG resaltó que Ruacho no descendió de su vehículo para hacer el acuerdo de este viernes.

“Al percatarse de la presencia de representantes de los medios de comunicación, pidió que le llevaran los documentos a firmar hasta su vehículo, estacionado en las afueras del edificio de la Fiscalía”, advierte el comunicado de la Secretaría de Gobierno.

Ruacho estaba acusada de desvío de recursos y coalición de servidores públicos, según Rodríguez Lozano.

“Quedó claro y evidenciado que cometieron delitos, que la señora cometió delitos en contra de la administración de pública; y ella al darse cuenta de que el Ministerio Público tenía los elementos suficientes para sancionarla por los delitos de desvío de recursos y coalición de servidores públicos prefirió firmar este acuerdo y regresar lo robado, que al final de cuentas es dinero del pueblo”, comentó.

El Secretario General de Gobierno presumió que, a través de la Dirección Jurídica para el Combate a la Corrupción, la SGG aportó a la FGE los elementos para que integraran esta carpeta de investigación.

“Los hechos fueron tan contundentes, que al final la ex presidenta del DIF reconoció el ilícito y firmó este acuerdo para regresar el dinero robado”, añadió.

La denuncia se dio en la presente administración estatal, ya que en el sexenio anterior Ruacho creó una fundación paralela al Centro CRIT, recabó recursos y creó una cuenta aparte de la oficial, explicó Rodríguez.

“Ella en vez de depositar ese recurso en la cuenta oficial del DIF lo hizo en una cuenta personal y se descubrió que habían hecho una serie de gastos que no tenían nada qué ver con el CRIT, al final tuvo que regresar ese recurso”, aseveró.

En el 2020, se informó que la administración estatal presumía una desviación del erario por mil 586 millones de pesos, encabezada por el Gobernador Vega de Lamadrid.

Baja California se encuentra en campañas electorales desde el pasado 4 de abril.