Ciudad de México.- Una juez federal dictó formal prisión a los ocho militares que se entregaron la semana pasada para enfrentar la acusación que los implica en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Raquel Ivette Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, determinó hoy que la Fiscalía General de la República ofreció los indicios suficientes para abrirles un proceso por el delito de desaparición forzada.

Con esta determinación, los integrantes del 27 Batallón de Infantería permanecerán internados en la prisión militar del Campo Militar Número 1, mientras se instruye el juicio.

“ El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en Toluca, decretó auto de formal prisión en contra de los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de #Ayotzinapa”, informó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Los soldados ahora procesados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

Los ocho son parte de la lista de 16 militares contra los que el pasado 13 de junio se ordenó la aprehensión por el delito de desaparición forzada.

La acusación contra los militares tiene como punto de partida los dichos del testigo protegido “Juan”, quien afirma que los soldados los los Batallones 27 y 41 de Infantería, a varios de ellos los refiere sólo con un apellido, estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Los mandamientos de captura contra los soldados originalmente fueron girados el pasado 19 de agosto, dentro de una causa penal contra 83 acusados, la mayoría de ellos policías locales y funcionarios.

Del total de mandamientos judiciales, 20 correspondían a militares por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

El 14 de septiembre siguiente, la misma FGR pidió por escrito al juzgado cancelar 16 de los 20 mandamientos judiciales contra miembros del 27 y 41 Batallones de Infantería, los cuales quedaron sin efecto el mismo día.

También se desistió de las órdenes de captura de cinco ex funcionarios estatales de Guerrero, entre ellas las del ex Procurador Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.

Los únicos militares contra quienes quedaron vigentes los mandamientos judiciales fueron el General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel, quienes ya estaban presos en el Campo Militar Número 1.

El pasado 13 de junio, la FGR reculó y volvió a pedir las aprehensiones contra los 16 militares y José Ulises Bernabé García, el juez de barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche en que fueron desaparecidos los estudiantes.

Solo 8 militares se entregaron a la FGR y el resto continúa evadido de la justicia.

El militar de más alto rango que se encuentra prófugo es el Coronel Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala.