La frase: “Dios le quitó al diablo el poder, pero no el saber”, nos ayuda a entender cómo se plasma la astucia en las relaciones, en la comunicación, en la toma de decisiones, y se refiere a que, no es lo mismo ser poderoso que ser inteligente.

El pasado 6 de diciembre, el Gobernador de nuestro Estado, envió la correspondiente iniciativa de decreto, con la que, supuestamente, busca reformar nuestro poder judicial, y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 15 de septiembre de 2024.

En dicha propuesta de reforma constitucional coahuilense, se establecen diez puntos esenciales y necesarios para lograr su armonización con la Constitución federal ya reformada, los cuales van desde constitucionalizar el derecho a ser electo y a elegir los cargos judiciales mediante elecciones libres y auténticas basadas en el sufragio universal, directo, libre y secreto, hasta la prohibición de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro excesivos, de los trabajadores del Poder Judicial local.

Pues bien, hasta aquí todo pareciera correcto y verdaderamente encaminado a dar cumplimiento con lo ordenado en la reforma federal; sin embargo, en el cuerpo de dicha iniciativa encontré varios aspectos que llamaron poderosamente mi atención, entre los cuales se encuentran algunos requisitos que de “motu proprio” nuestro gobierno local decidió incluir y quitar, según para garantizar “que la justicia en Coahuila mantenga los estándares de calidad, humanismo y cercanía con la ciudadanía” (sic).

Debemos recordar que la reforma original plantea como requisitos únicos, el tener licenciatura en Derecho y haber obtenido un promedio mínimo de calificación de ocho a nueve en las materias afines al cargo; tener cinco años de ejercicio como abogado; elaborar ensayos y entregar cinco cartas de referencias recogidas entre sus vecinos o colegas.

Contrario a la anterior, nuestro congreso intentará modificar dichos requisitos a los aspirantes en cuestiones bastante estratégicas como los son: quitar los años de experiencia o de antigüedad en la licenciatura, para solicitarles solamente el contar al día de la publicación de la convocatoria respectiva con el título de licenciatura en derecho y haber obtenido un promedio de cuando menos ocho puntos o su equivalente; sen mediar carta de recomendación ni experiencia en la rama; lo anterior con una dedicatoria especial a quienes tienen garantizado un puesto directo de juzgador desde el primer años de su egreso, como ya sucede.

De igual forma, la iniciativa coahuilense anuncia que exigirá que los aspirantes contar con una certificación de perfil judicial, misma que será entregada por una institución encargada de la formación judicial del mismo Poder Judicial del Estado, no sin antes advertir que, los listados de candidaturas se integraran preferentemente con personas que ya laboran en el Poder Judicial local; todo lo anterior, con el fin de garantizar que, al final en nuestro poder judicial, todos sigan en sus puestos.

En fin, con la astuta iniciativa de reforma al Poder Judicial de nuestro estado, se demuestra que, a pesar de que, aparentemente, se dará cumplimiento al mandato federal, y que, con un poco de habilidad, se logrará que, el anhelo de mejoría y cambio en nuestro sistema de impartición de justicia coahuilense, ¡siga siendo eso… un mero anhelo!