La iniciativa, propuesta por la también presidenta de la Comisión de Pesca, adiciona los numerales 3 al artículo 246 y 5 al artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La legisladora afirmó que resulta paradójico que a pesar de que la legislación nacional contiene principios constitucionales y legales sobre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, “actualmente en México no existe legislación electoral expresa que prohíba claramente el uso de su imagen en la propaganda política”.
Planteó que la protección de la imagen, como un derecho de la personalidad, de las niñas, niños y adolescentes, “debe prevalecer ante el aprovechamiento, exceso y explotación en actos proselitistas a favor o en contra de un partido político, coalición, precandidata o candidato”.
La diputada, originaria de Chiapas, sostuvo que hasta el momento tanto el Instituto Nacional Electoral y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como autoridades en materia electoral, “solamente han establecido criterios cuando se trata de la participación de niñas, niños y adolescentes en actos de propaganda política electoral.”
Sin embargo, resaltó, bajo el eufemismo del permiso de los padres o tutores o de un supuesto informe sobre el contenido de los mensajes, “se ha permitido que se abuse de la imagen de niñas, niños y adolescentes”.
Esto, añadió, sin considerar la afectación a sus derechos de la personalidad, que les son intrínsecos y que, entre otras características, no son transferibles, son irrenunciables e inembargables, “por lo que ni siquiera sus padres o tutores pueden otorgar consentimiento derivado del uso de su imagen para provecho de un partido político, coalición, precandidato o candidato.”
“ La especial protección de la imagen de la que deben gozar las niñas, niños y adolescentes, debe situarse en la base de los principios de nuestro sistema de convivencia social”, puntualizó la legisladora.
Por ello, indicó, “la legislación debe considerar que las niñas, niños y adolescentes no cuentan con la capacidad jurídica, económica, material, madurez, experiencia o conocimiento suficiente para proporcionarse a sí mismos los medios necesarios de protección en el ejercicio de sus derechos personales”.
