Monterrey.- Diputados locales de Nuevo León aprobaron que la Dirección Jurídica del Poder Legislativo analice la posibilidad de interponer denuncias o una controversia constitucional en contra del gobernador Samuel García y funcionarios estatales por omitir enviar el Presupuesto 2023.

La legisladora del PRI, Ana González, presentó la iniciativa en el Pleno al argumentar que la falta de un presupuesto afectará a la población en temas de servicios públicos, alumbrado y pavimentación, salud, educación, movilidad y seguridad.

“ La omisión de presentar el proyecto de presupuesto no solo quebranta el orden constitucional, sino que tiene efectos negativos profundos sobre la vida de los neoloneses, ya que al existir un impedimento para discutir el proyecto de gasto público para el 2023, se le priva a la población de destinarse recursos que cubran sus necesidades”.

González señaló que el mandatario estatal no cumplió con el plazo de entregar en la fecha límite el documento el cual venció el pasado 20 de noviembre.

“ Al existir un acto de autoridad del Poder Ejecutivo que viola normas constitucionales, es procedente promover el mecanismo de control constitucional denominado controversia constitucional o de inconstitucionalidad, dependiendo sea el caso”.

La propuesta fue rechazada por legisladores de Movimiento Ciudadano quienes la calificaron de no ser concreta, ya que no se define que, en caso de que la Dirección Jurídica lo determine, a cuál instancia será enviado el caso.

“En este caso estamos hablando de dos medios de defensa completamente diferentes”, explicó la legisladora emecista, Iraís Reyes.

“ No nos están diciendo si van a nivel federal o a nivel local, al Tribunal Superior de Justicia, estamos viendo si quizás la Oficialía determina que se va a aprobar la controversia y la va a aprobar la controversia y la va a promover el Congreso, yo creo que en este asunto no se trata de estar adivinando”.

La legisladora tricolor explicó que su petición se basa en lo dispuesto por la fracción I del artículo 135 y II del artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como 105 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y pidió al presidente de la mesa directiva del recinto legislativo llevar el tema, ya que forma parte de sus atribuciones legales.