Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, mediante la cual se busca endurecer las medidas de control fiscal y de trámites para la importación y exportación de mercancías, además de combatir el tráfico de combustibles y atacar la corrupción en ese sector.

Tras un debate de cuatro horas, el pleno de San Lázaro avaló los cambios por 338 votos de Morena y sus aliados, y 129 en contra de la oposición, que acusó a la mayoría de imponer los cambios sólo con motivos recaudatorios, y no para atacar “a fondo” delitos como el denominado “huachicol fiscal”.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Carol Altamirano (Morena), explicó los alcances de la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Detalló que el dictamen –que modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9–, propicia la modernización tecnológica de las aduanas; elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales; establece certificaciones periódicas a las mismas, y fortalece controles a los programas de facilitación aduanera, como la importación temporal.

Asimismo, establece la corresponsabilidad solidaria de los agentes aduanales; aumenta los controles a las operaciones aduaneras, y establece que éstos deberán verificar que importadores y exportadores cuenten con los documentos que acrediten las regulaciones y restricciones no arancelarias.

Por otro lado, subrayó, busca asegurar que “quienes soliciten operaciones estén plenamente identificados, tengan la infraestructura necesaria y no tengan vínculos con quienes realicen facturaciones simuladas”.

En favor de la iniciativa, el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Flores Sandoval, detalló que se pretende combatir la corrupción y fortalecer la rectoría del Estado en las aduanas, para lo cual “debe haber una mayor responsabilidad para los agentes aduanales”.

La propuesta de la mandataria, además, se enfoca en “meter más control a la exportación y la importación de productos. Vamos a fortalecer también los controles en regímenes estratégicos y vamos a poner sanciones más severas para disuadir la infracción, y a simplificar la administración sin renunciar a la fiscalización”.

No hay duda, resaltó, que la reforma “va en la dirección correcta de combatir la corrupción”.

Saqueo fiscal

Panistas y priístas continuaron en la defensa de los agentes aduanales, a quienes la reforma hace corresponsables de delitos que cometan empresas de importación y exportación.

La bancada del PAN adelantó justificó que su voto en contra es porque “no vamos a ser cómplices de esta farsa propagandística. Ustedes, los de Morena, hicieron del gobierno una franquicia de huachicol fiscal”.

Luego de recordar que la procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó que el huachicol fiscal asciende a 600 mil millones de pesos, el blanquiazul reprochó que el gobierno ha tenido “respuestas mediocres”, pues sólo han litigado defraudación fiscal por 16 mil millones, equivalentes a 2.7 por ciento, y su eficacia ha sido de solo 5 mil 928 millones, ni siquiera 1 por ciento.

En el mismo tono, la bancada reprochó que los morenistas “ahora vienen a culpar en su hipocresía a los agentes aduanales de todo”, aun cuando la propia Galeano admitió en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda que “solo a ocho agentes aduanales se les ha podido acreditar alguna responsabilidad con el huachicol fiscal. Ni siquiera 1 por ciento de todos los agentes aduanales”.

Por su parte, el priísta Emilio Suárez Licona alertó que el huachicol fiscal es un “escándalo monumental que ha exhibido como nunca la corrupción institucionalizada que corre por el sistema aduanero del país. Hablamos de un esquema de saqueo que permitió la entrada de cientos de buque-tanques con gasolina y diésel sin pago de impuestos”.

El “desfalco histórico” de 600 mil millones de pesos, agregó, es un “robo equivalente a la mitad del presupuesto del sector educativo para 2026 o 60 por ciento del gasto en salud pública”, y que ello habría dejado a miles de escuelas y hospitales sin recursos para atender a alumnos y pacientes.

Frente a ello, dijo, “el gobierno presenta una reforma que, lejos de corregir las fallas que permitieron este saqueo, agrava los problemas del sistema aduanero, poniendo en riesgo la competitividad del país”.

Lo anterior, aseguró, porque se justifica esta reforma “bajo el argumento de la modernización y la digitalización, pero su diseño revela un propósito distinto, centralizar el control y endurecer la fiscalización con fines meramente recaudatorios”.

Frente a un sector como el del comercio exterior, que representa 75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la redacción “amenaza entorpecer dinámica comercial”, pues las nuevas disposiciones “complejizan procesos encarecen costos logísticos y afectan la competitividad de sectores como el automotriz, que opera cadenas de suministro integradas en América del Norte”.

Según el priísta, la reforma eleva 300 por ciento las multas, respecto al valor de las mercancías; trata a los agentes aduanales como servidores públicos, sin serlo; le pone cargas desproporcionadas a las pequeñas y medianas empresas, y tiene efectos retroactivos, al someter a las autorizaciones aduanales previas a nuevos términos.

Información de La Jornada.