Ciudad de México.- Diputados federales del PRI y del PAN denunciaron una maniobra irregular en las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público, a las que acusaron de acelerar la discusión de la reforma a la Ley de Amparo sin respetar los acuerdos institucionales.

Durante una conferencia conjunta, el coordinador priista Rubén Moreira Valdez cuestionó que se hayan convocado audiencias públicas de forma apresurada para los días 10, 11 y 13 de octubre, sin una convocatoria abierta ni tiempo suficiente para la preparación de los participantes. “México vale más que un sabadazo legislativo”, afirmó.

Moreira señaló que el proceso carece de transparencia y se limita a simular apertura, pues la convocatoria oficial contenía un enlace distinto al real y el acceso se dio con retraso.

El panista Federico Döring Casar calificó la iniciativa como “un albazo legislativo contra los ciudadanos” y advirtió que el partido oficial pretende imponer “una justicia autoritaria y a modo”. Aseguró que el amparo, mecanismo clave para proteger a los mexicanos de los abusos del poder, está siendo debilitado deliberadamente.

Döring denunció además que en las mesas de trabajo se excluyó a juristas y académicos con trayectoria, lo que —dijo— demuestra que el proceso es una simulación. “Les estorba la verdad jurídica”, sostuvo.

Los legisladores opositores también acusaron que se alteró la Gaceta Parlamentaria para incluir discretamente la convocatoria a las audiencias en un anexo, sin el aval de la Junta de Coordinación Política, y que el Canal del Congreso les entregó material incompleto sobre la reunión de comisiones.

Aseguraron que la reforma representa un intento de blindar al gobierno y castigar a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues los cambios en materia de créditos fiscales podrían mantenerlas en litigios prolongados. “Lo que Morena llama justicia fiscal, en realidad es asfixia económica”, expresaron.

Finalmente, los diputados del PRI y PAN advirtieron que la modificación a la Ley de Amparo dejará en indefensión a la ciudadanía y a la sociedad civil, al limitar los mecanismos de defensa frente a decisiones del Estado. Exigieron suspender las audiencias y abrir un debate plural y técnico con especialistas en derecho constitucional.