La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum prevé una pena básica de seis a 15 años de cárcel y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (56 mil 570 pesos) a quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro.
Sin embargo, se consideran 34 agravantes, agrupadas en tres apartados, con sanciones más severas.
Así, los castigos se elevan hasta una tercera parte, de ocho a 20 años de prisión, en casos como el cobro de piso o cuando la extorsión se dirija a quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios públicos o privados, o se cometa a nombre de algún sindicato, organización o agrupación de manera real o simulada.
Las penalidades aumentarían hasta una mitad, para alcanzar de 12 a 22.5 años de cárcel, por extorsión contra personas migrantes, menores de 18 años o mayores de 60 años, así como mujeres embarazadas, o cuando el responsable tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima.
Se plantea además incrementar la sanción hasta dos terceras partes, de 10 a 25 años de privación de la libertad, a quien emplee violencia física, exija el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional o en algún objeto de su propiedad, derivado de un supuesto accidente provocado de manera intencional.
Sin embargo, diputados del PAN y del PRI advirtieron que, en los términos aprobados por la Comisión de Justicia, Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión permitiría salir de la cárcel a cientos de personas sentenciadas por extorsión en estados como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, pues las penas mínimas son ahí más altas que en el proyecto y, en consecuencia, los internos podrían apelar.
El dictamen establece las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para perseguir el delito de extorsión y los derivados de ésta.
Plantea para ello homologar un solo tipo penal para su aplicación en todas las entidades federativas.
