Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley contra la Extorsión para reducir las penas a los servidores públicos que, teniendo la obligación de denunciar este delito, no lo hagan. La reserva fue avalada con 339 votos a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones, y ahora será enviada al Senado para su análisis.

Con la reforma, la sanción para los funcionarios que omitan informar sobre actos de extorsión se redujo de 10 a 20 años de prisión a un rango de 5 a 12 años, con el argumento de mantener la proporcionalidad entre delitos y castigos.

El diputado Ricardo Monreal, de Morena, impulsor de la reserva, explicó que no es lógico imponer penas mayores a quienes callan frente a quienes cometen la extorsión. “No se le puede aplicar una pena más alta al que omite informar que al extorsionador mismo”, sostuvo desde tribuna.

Sin embargo, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron la modificación y acusaron que busca favorecer al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, quien enfrenta un proceso por presunta extorsión. “Esta reforma tiene nombre y apellido”, afirmó el diputado David Azuara.

Durante la sesión, el vicecoordinador panista Héctor Saúl Téllez también advirtió que la Ley contra la Extorsión, aprobada en lo general, podría derivar en censura a medios de comunicación y periodistas, al ampliar el tipo penal e incluir conceptos como “violencia moral o psicológica”, que podrían usarse para sancionar la crítica política o la sátira.

La nueva legislación busca unificar la tipificación del delito de extorsión en todo el país y contempla sanciones de hasta 25 años de prisión para los responsables. Además, incorpora 34 agravantes clasificadas según la gravedad del daño causado a las víctimas y el impacto social de las conductas.