Bogotá, Colombia.– La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, junto con la OEA y la Defensoría del Pueblo, expresaron este jueves una “profunda preocupación” ante las restricciones de movilidad impuestas por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC. La medida, que veta el acceso de estos organismos a las zonas de conflicto, pone en riesgo directo la protección de la población civil.

El organismo internacional advirtió que impedir el accionar de las misiones de verificación no solo limita la prevención de abusos, sino que agrava la vulnerabilidad de las comunidades rurales que dependen del acompañamiento internacional para su seguridad.

Acusaciones de espionaje y “violación de confianza”

El EMC, liderado por Iván Mordisco —el hombre más buscado de Colombia—, justificó la restricción mediante un comunicado donde acusa a la ONU y a la OEA de filtrar “información sensible”. Según el grupo armado, las labores humanitarias han sido utilizadas para triangular su ubicación y facilitar operaciones militares en su contra, calificando los hechos como una “grave violación a la neutralidad”.

Ante estas acusaciones, los organismos internacionales respondieron de forma contundente:

– ONU: La coordinadora humanitaria Mireia Villar recordó que las organizaciones se rigen por principios de imparcialidad e independencia, fundamentales para operar en zonas de guerra.

– MAPP/OEA: Desmintió categóricamente los señalamientos de filtración de datos, subrayando que durante 22 años han trabajado de la mano con las víctimas gracias a la confianza depositada en su función institucional.

– Defensoría del Pueblo: Lamentó la decisión, señalando que condicionar la presencia humanitaria deja a las comunidades sin el monitoreo de riesgos al que tienen derecho.

Solo el CICR mantiene acceso condicionado

El grupo disidente anunció que únicamente mantendrá canales abiertos con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), siempre que la institución garantice un “secreto y confidencialidad absoluta” y mantenga una coordinación previa y estricta para cualquier movimiento en el territorio.

Esta postura ha sido recibida con alarma por el Gobierno Nacional. El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, anunció que se tomarán “medidas necesarias” para garantizar que los organismos de protección no tengan que suspender sus actividades, vitales para el proceso de paz y la estabilidad en las regiones más golpeadas por la violencia.

Consecuencias para la población civil

La Defensoría del Pueblo enfatizó que este bloqueo imposibilita la atención oportuna y coarta las labores para aliviar el sufrimiento de quienes viven en medio de las hostilidades. La ausencia de “ojos internacionales” en el terreno podría derivar en un aumento de desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos sin que exista un registro o denuncia efectiva.