La Paz, Bolivia.- La disputa de tierras en Alto Parapetí, en la provincia Cordillera del oriental departamento boliviano de Santa Cruz, podría ser disputada “palmo a palmo”, con el filo de los machetes y el candente plomo de los fusiles.

“Si los terratenientes se resisten a entregar las tierras, luego que el último domingo los bolivianos decidiéramos recortar el latifundio de 10 mil a cinco mil hectáreas, entonces las cosas se pondrán candentes”, alertó a Notimex el dirigente social Rogelio Reyes.

Señaló que “por fin” la reforma agraria le hará justicia a aquellos empobrecidos campesinos que la única tierra que poseen es la que tienen bajo las uñas por dedicarse a los cultivos en terrenos ajenos.

El primer brote violento, según previó Reyes, será el de los indígenas que se alzarán por estar esclavizados en el Alto Parapetí a manos de hacendados, sin protección a sus derechos o acceso a libertades y tierras.

Se estima que unas tres mil 200 familias bolivianas viven esclavizadas en 19 comunidades donde no tienen adecuados servicios médicos, sueldos, acceso a la educación y menos derecho sobre la tierra que trabajan desde hace muchos años.

El Ministerio de Justicia documentó que esos indígenas viven encerrados en propiedades privadas de las comunidades llamadas “cautivas o empatronadas”, tras haber sido despojados por hacendados del derecho a la tierra.

Las comunidades cautivas de Alto Parapetí son Iviyeca, Tasete, Yapumbia, Yaiti, Itakuatia, Huaraca, Bajo Karaparí, Alto Karaparí, Nunbuite, El Arenal, Mandiyuti, Tartagalito, Ivicuati, La Colorada, Kapirenda, Karaguatarenda, Timboirenda, Villa Mercedes y Parapitimí.

Además hay localidades que están dentro de haciendas como Recreo, Yapuy, Karayagua y Karatindi, en los municipios de Lagunillas y Cuevo, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.

El estatal Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) intenta recuperar tierras para ayudar a los comuneros, pero se ha enfrentado a la resistencia de los hacendados, quienes tienen equipos armados de seguridad llamados “guardias blancas”.

Los hacendados y propietarios de tierras han advertido que defenderán sus propiedades y se someterán a los estatutos autonómicos del departamento de Santa Cruz, opositor al gobierno del izquierdista e indígena Evo Morales.

En la provincia Cordillera, sólo la familia Larsen posee cinco predios con un total de 15 mil hectáreas, equivalentes a la superficie total de la ciudad de Cochabamba.

Además, en esa provincia y en las regiones de Velasco y Nuflo de Chávez tienen 57 mil 145 hectáreas, las que representan tres veces la zona urbana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aseguró este jueves que impedirán un saneamiento arbitrario, ilegal e inconstitucional, como pretende realizarlo el gobierno.

De acuerdo con ese organismo, las invasiones de tierras que han empezado a registrarse en Santa Cruz están siendo impulsadas por seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del presidente Morales.

Desde 2006 está vigente en este país sudamericano una nueva legislación agraria, la cual obliga a la reversión de tierras improductivas que pasan a manos del Estado.