Washington, D.C. — El plan del presidente Donald Trump de deportar a los dos únicos sobrevivientes de su campaña militar en el Caribe, la cual ha dejado una treintena de muertos acusados de ser “narcoterroristas”, ha provocado serias dudas sobre la justificación legal de la ofensiva.

El dilema se intensificó cuando la Fiscalía de Ecuador anunció la liberación de su ciudadano, Andrés Fernando Tufiño, tras concluir que no existían pruebas de que hubiera cometido delito alguno en el país sudamericano.

El otro sobreviviente, el colombiano Jeison Obando Pérez, “será procesado de acuerdo a las leyes” de Colombia, según informó el presidente Gustavo Petro, aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, lo calificó de “criminal”.

El Dilema de la Deportación

Críticos del gobierno estadounidense cuestionaron la sorprendente decisión de deportar a los hombres en lugar de procesarlos en cortes de EU, especialmente después de que Trump asegurara que el “narcosubmarino” en el que viajaban estaba “cargado principalmente con fentanilo” y que si llegaba a tocar tierra, “al menos 25,000 estadounidenses morirían”.

Expertos legales subrayaron que haber retenido a los hombres en territorio estadounidense o en bases como Guantánamo obligaría a la Casa Blanca a mostrar en tribunales las pruebas que hasta ahora no ha hecho públicas para sustentar la acusación de narcoterrorismo.

El profesor de Derecho de Harvard, Jack Goldsmith, resumió el dilema legal del gobierno:

” Los sobrevivientes parecen ‘lo suficientemente peligrosos como para intentar matarlos con fuerza militar, pero no lo suficientemente peligrosos como para detenerlos y procesarlos mediante métodos legales'”.

Justificación Cuestionada

Trump ha justificado sus ataques militares invocando el mismo razonamiento legal de la “Guerra contra el Terrorismo” de George W. Bush, que permite capturar combatientes y usar fuerza letal.

Sin embargo, la decisión de simplemente expulsar a los sobrevivientes parece contradecir esa agresiva postura y alinearse, en cambio, con el manejo tradicional del contrabando marítimo, donde los detenidos son repatriados a sus países para el debido proceso. El Congreso de EU, no ha autorizado un conflicto armado contra el narcotráfico.