Saltillo, Coah.- Óscar Lozano Chávez, propietario de Prokarne e indiciado por el delito de trata de personas por tener laborando a menores de edad en ranchos de su propiedad bajo condiciones de esclavitud, solicitó un amparo ante el juez Primero de Distrito, para seguir el proceso en libertad.

Sin embargo y tras casi 12 horas de audiencia el juez finalmente concedió la formulación de imputación al Ministerio Público que acusó a los seis detenidos por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.

Los abogados defensores pidieron la duplicidad del término para recabar pruebas y declaraciones hacia la audiencia de vinculación a proceso que se realizará el próximo viernes 28 de agosto. Mientras tanto el juez decretó la prisión preventiva por tratarse de un delito grave.

En lo que fue la primera vez en Saltillo que se otorga asistencia judicial a miembros de una comunidad indígena, se celebró la audiencia inicial por el delito de Trata de Personas respecto al caso de los jornaleros rescatados que trabajaban para la empresa Prokarne.

Los detenidos por estos hechos fueron presentados ante el juez de Control, Pedro López Medrano, quien presidió la audiencia en la que se formuló imputación por el delito de Trata de Personas a los seis detenidos.

La audiencia se realizó ayer a las 11:00 horas en la sala nueve del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial de Saltillo para resolución a la causa penal 108/2015. Los imputados fueron presentándose uno a uno, solicitando que sus datos personales quedaran como reservados. El juez les pidió que eligieran a su representante legal, dos de ellos fueron asistidos por defensores públicos, los cuatro restantes pudieron contratar abogados particulares.

Una vez que los imputados se presentaron ante el juez, éste escuchó la solicitud de los abogados de Blas Hernández Hernández y Moisés Martínez Olivo de asignarles un traductor, ya que ambos pertenecen a la comunidad náhuatl establecida en la zona potosina de Hidalgo.

Antes de que el juez ordenara el receso para encontrar al intérprete, el Abogado de Óscar Lozano Chávez, solicitó una extensión de receso por 3 horas más para tener oportunidad de verificar bien la carpeta de investigación. Esta petición también fue complacida por el juez.

Finalmente, la representación social solicitó que al reanudarse la audiencia, ésta se realizara de manera privada, con la intención de salvaguardar los derechos de las víctimas.

Tras casi 12 horas de audiencia, el juez finalmente concedió la Formulación de Imputación al Ministerio Público, quien imputó a los seis detenidos por el delito de Trata de Personas en su modalidad de explotación laboral.

Los abogados defensores pidieron la duplicidad del término para recabar pruebas y declaraciones hacia la Audiencia de Vinculación a Proceso, que se realizará el próximo viernes 28 de agosto. Mientras tanto, el juez otorgó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por tratarse de un delito grave.

Por su parte, Óscar Lozano Chavez, dueño de Prokarne, ya solicitó un amparo con la intención de librar la orden de aprehensión y tortura interpuesta en su contra y pese a su detención el pasado viernes.

De acuerdo con la lista de acuerdos del Juzgado Primero de Distrito, en el Circuito Federal Octavo, el pasado 20 de agosto el acusado solicitó un amparo cuyo trámite quedó consignado en el expediente 1182/2015, el cual fue admitido justo un día después de los operativos.

“Se admite demanda de garantías, pídase los informes justificados a las autoridades responsables, se decreta la suspensión de plano, para los efectos precisados”, dice el expediente 1182/2015, señalándose el jueves 27 de agosto para que se lleve a cabo la audiencia incidental.

Si se concede esta medida cautelar, Lozano Chávez obtendrá su libertad para enfrentar el proceso por el delito de trata de personas, junto a los otros detenidos en los operativos realizados por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en los ranchos aledaños al ejido El Higo.

SETRA DEVUELVE A NIÑOS INDEMNIZADOS

Por su parte, la Secretaria del Trabajo (Setra) obligó a los dueños de Prokarne a indemnizar a 56 menores de edad, a quienes se les pagó entre 11 y 18 mil pesos de acuerdo con la ley, quienes ya fueron enviados a su natal Hidalgo, donde el DIF de aquella entidad los entregará.

Luego de que detuvieran a Óscar Lozano Chavez, dueño de la empresa para la cual laboraban ilegalmente menores de edad en condiciones inhumanas en ranchos de Ramos Arizpe, el hijo del implicado negoció con Setra la indemnización por ley, tanto de los adultos como de los menores.

Según fuentes de la misma Secretaría, aunque los menores de edad trabajaron de forma ilegal, de todos modos realizaron jornadas laborales, por lo cual merecen remuneración y finiquito, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Por ello, el viernes representantes de Prokarne junto con personal de la Setra indemnizó con montos de entre 11 y 18 mil pesos, según el tiempo laborado, a 38 menores de edad que habían sido asegurados y que se encontraban en albergues de Saltillo.

Prevén que para este domingo terminen de liquidar al resto de los menores, para iniciar el pago a los adultos mañana, lo cual no representa que queden exonerados de los procesos penales.

BUSCAN RANCHOS DE EXPLOTACIÓN

Autoridades de Seguridad Pública de Coahuila continúan sobrevolando ranchos de Coahuila en búsqueda de más situaciones de explotación laboral infantil y otros delitos, informó el secretario de Gobierno Víctor Zamora, durante la reunión del Consejo de Seguridad.

El funcionario dijo que dado que existen informes de que los ranchos descubiertos en Ramos Arizpe no son los únicos donde sus dueños practican la explotación laboral, tanto de menores como de adultos, el Gobierno del Estado lleva a cabo estrategias para encontrarlos.

“Los helicópteros andan ahorita, los traemos por todo el estado, se acaba de hacer una revisión, no habíamos encontrado nada, y con esto, estamos checando todo”, expresó Zamora, quien agregó que en esas tareas están empleando uno de los dos helicópteros a disposición de la Comisión de Seguridad.