Ciudad de México.- En 2012, último año del sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), reportó que tenía desplegadas 75 bases de operaciones mixtas en el país.

Se trata de bases fijas o móviles en donde se destina a soldados específicamente en tareas de seguridad pública en coordinación con policías locales; en ese año eran mil 680 los militares asignados de fijo en estas tareas, con el apoyo de 160 vehículos.

En el actual sexenio esa cantidad ha ido creciendo casi de forma sostenida. En 2016 ya suman 142 las bases mixtas con 3 mil 386 soldados asignados de fijo en tareas de combate a la delincuencia, con el apoyo de 368 vehículos; es un crecimiento del 100% del despliegue militar permanente.

A esto hay que sumar los operativos específicos que el Ejército despliega por situaciones coyunturales en zonas violentas del país y que de acuerdo con datos del Informe de Labores 2016 de Sedena fueron 14; en este caso la Sedena no informa el número de elementos desplegados por razones de seguridad.

De esta manera, la estrategia de seguridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto sólo refleja una réplica de la de su antecesor, donde las intervenciones de la Policía Federal, la Gendarmería e incluso las reformas para la creación de mandos únicos por todo el país no han logrado contrarrestar el incremento de delitos, así como la infiltración de las instituciones militares y policiacas por el crimen organizado.

PATRULLA DE SOLDADOS

En el arranque del presente sexenio el Ejército tenía desplegadas bases de operaciones para apoyar las tareas de seguridad pública en 19 estados; para 2016 esta presencia militar se ha extendido a 24 entidades, el equivalente al 75% de cobertura en el país.

Guerrero es la entidad con el mayor número de bases de operaciones mixtas con 28 en total, y le sigue el Estado de México con 24; estos dos estados concentran el 36% de todas las bases militares desplegadas.

Luego se ubica Oaxaca con 12 bases operativas; Puebla con 11; Tabasco con 8; Sonora con 7; Veracruz y Colima con 5 bases cada uno; Michoacán, Quintana Roo, Chiapas y Yucatán con 4 respectivamente; Hidalgo, Coahuila y Baja California con 3.

En la Ciudad de México y en San Luis Potosí la Sedena reporta la operación de dos bases mixtas; Tamaulipas, Tlaxcala, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Zacatecas están en la lista con una base operativa cada una.

De acuerdo con la Sedena, el despliegue de estas Bases de Operaciones Mixtas es “atender la problemática delictiva en zonas de alto riesgo, las cuales presentan problemática de inseguridad pública, mediante las cuales se realizan operaciones de vigilancia móvil y/o estacionaria”.

EL ‘FRACASO’ CASTRENSE

El incremento de los militares en las calles del país no ha significado una mejoría de la seguridad, según muestran los resultados de la Sedena en este último año de operaciones.

Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012, los militares adscritos a las bases operativas consiguieron la detención de 426 presuntos delincuentes; cumplieron seis órdenes de aprehensión; aseguraron 381 vehículos, y se logró el decomiso de 631 armas de fuego y 20 granadas.

Entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, estos resultados descendieron poco más del 50%: los detenidos sumaron 175; se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión; los vehículos asegurados bajaron a 162, las armas decomisadas cayeron a sólo 109, y el número de granadas descubiertas fue de seis.

SIN LEY NO HAY RESTRICCIÓN

Los militares intervienen en tareas de vigilancia en las calles, acciones preventivas y de disuasión. Incluso cumplen órdenes de cateos y de aprehensión; todo esto sin que haya una ley que regule los alcances de su intervención.

Desde el 2013 el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos insistió al Poder Legislativo en la necesidad de contar con reformas que permitan la construcción de un marco jurídico que brinde atribuciones de investigación y combate al delito a los militares, además de delimitar su actuación; tres años después esto no se ha materializado.

En octubre de 2015, la Comisión de Seguridad Nacional en el Congreso reconoció que el Poder Legislativo ha sido “omiso” en construir este sistema jurídico para el Ejército y prometió trabajar con asesores y especialistas en el tema. Nada de eso se ha concretado.

A finales del año pasado, el general Cienfuegos subrayó que el Ejército continuaría en las calles realizando tareas de seguridad pública ya que si bien era una medida temporal desde años atrás, no “se había alcanzado la reconfiguración” necesaria en los cuerpos policiales.

En junio del 2010, el entonces presidente Felipe Calderón propuso la reforma para la creación de 32 policías únicas como una alternativa para fortalecer los cuerpos de policías; en 2014 el presidente Peña Nieto volvió a proponer una reforma en este sentido con el objetivo de tener cuerpos policiales capaces de enfrentar a la delincuencia; en seis años tampoco se ha concretado este tema.

Esto ha contribuido a que la intervención del Ejército en labores de seguridad ha derivado en diversos incidentes durante los últimos años.

Se han registrado situaciones de abusos de derechos humanos como por ejemplo el caso Tlatlaya, donde según la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hubo 15 civiles ejecutados extrajudicialmente por militares que hacían un patrullaje de vigilancia.

Pero también los militares han padecido los golpes de la delincuencia.

Apenas el pasado 30 de septiembre cuatro soldados murieron y 10 más resultaron heridos tras ser atacados cuando apoyaban en el traslado de una persona herida; el 1 de mayo de 2015 un helicóptero de la Fuerza Aérea fue derribado por el cártel de Jalisco dejando una decena de muertos, entre ellos cinco militares.