La decisión se tomó durante una reunión ordinaria de la Mesa de Seguridad Estatal, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) planteó la necesidad de revisar el uso de explosivos en los proyectos mineros.
A partir de esta propuesta, las autoridades determinaron ampliar el alcance de las revisiones para incluir aspectos relacionados con el cumplimiento de autorizaciones ambientales, concesiones de agua, condiciones de seguridad e higiene laboral y medidas de protección civil.
Vigilancia multisectorial
El nuevo grupo estará integrado por representantes operativos de dependencias federales y estatales, quienes efectuarán visitas de inspección en una primera selección de proyectos mineros identificados por la propia Sedena, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Profepa y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Durango (Sedeco).
Las inspecciones se realizarán de manera coordinada, aunque cada institución actuará dentro de las atribuciones que le corresponden conforme a la legislación vigente.
Dependencias participantes
Entre las dependencias que participarán en estas acciones se encuentran la Sedena, Semarnat, Profepa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud, Sedeco, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría General de Gobierno.
Como parte de las labores de supervisión, la Profepa informó que destinará a cuatro inspectores federales especializados en Recursos Naturales e Inspección Industrial, quienes participarán en las actividades contempladas dentro del programa de trabajo que se defina para este operativo conjunto.
Las autoridades destacaron que el objetivo de este esquema es fortalecer la coordinación institucional para mejorar la vigilancia de las actividades mineras y garantizar que las empresas cumplan con las disposiciones legales en materia ambiental, laboral y de seguridad.
