Brasilia, Brasil.- Futurólogos interesados en las alternativas que se presentan en Brasil al iniciarse el segundo mandato gubernamental de Dilma Rousseff, plantean expectativas sombrías para el gigante latinoamericano, cuya economía se estima ha entrado en recesión, a lo cual se suma la corrupción como un fenómeno crónico.

Este es el escenario que se contempla en 2015, contrariamente a lo que ocurría en enero de 2011, cuando la ahijada política de Luiz Inácio Lula da Silva tomaba posesión de la Presidencia del país por primera vez, en medio de una euforia solamente superada ante el triunfo de su antecesor.

Con las cifras mínimamente alcanzadas sobre su contendiente social demócrata Aécio Neves en la segunda vuelta de los comicios del 26 de octubre último, Rousseff va a requerir de mucho más que buenas intenciones para conseguir avanzar en el cuatrienio que inició el pasado 1 de enero.

Los frentes abiertos desde entonces son en extremo distintos y, sin más remedio, Dilma Rousseff tendrá que concentrarse en la recuperación económica, luego del estancamiento que se anunció de manera oficial en marzo de 2014.

Ese es el panorama que ofrece una economía que, a mediados de la década de 1990, se consideraba “indomable”, hasta que, desde el Ministerio de Hacienda y luego como jefe de Estado, Fernando Henrique Cardoso la puso en orden, pavimentando así el camino por el que transitaría Lula da Silva durante dos periodos presidenciales consecutivos.

A partir del arribo del exsindicalista al Palacio de Planalto, la nación poseedora de la economía más potente de América Latina –que pasó al sexto lugar mundial en ese rubro, para ocupar el sitio de la Gran Bretaña en 2009- vivió su “Brazil Moment” según las grandes calificadoras del mercado mundial.

Dilma ya ha puesto como otra de sus prioridades la lucha sin tregua contra una corrupción enquistada en amplias capas de la administración pública y de un sector privado que, desde hace años, ha vivido a expensas de los beneficios que aquélla le ha ofrecido.

Medios nacionales e internacionales han dedicado espacios considerables a la revisión de las finanzas de Brasil, cuya economía está al borde de la recesión, con las cuentas públicas en números rojos y una inflación a la alza que, a corto plazo, obligará a Dilma Rousseff a adoptar medidas drásticas aún no reveladas.

La presidenta Rousseff concluyó la primera fase de su gobierno con un conflicto que la puso en riesgo de perder los comicios de octubre, cuando empezaba a tomar forma el escándalo de Petrobras, consorcio del Estado que ella dirigió hasta 2010.

Hoy, la mayor empresa estatal de Brasil es el centro de una red de corrupción que, durante una década, desvió entre tres y cuatro mil millones de dólares hacia las cuentas bancarias de políticos y empresarios.

Buena parte de ellos han estado ligados al Partido de los Trabajadores (PT), que ha gobernado a la nación brasileña en los últimos doce años, junto con sus socios de una coalición política cuyos beneficios han sido generosamente compartidos, según evidencias en poder del juez Sergio Moro, responsable de investigar el llamado “petrolao”.

No hay duda de que el capital político de Rousseff se redujo a partir del resultado de su reelección y estrecha victoria sobre Neves, con un Brasil política y electoralmente dividido, en el cual la oposición de derecha, cuya presencia era casi testimonial, ahora tiene una presencia seria y contestataria en el Congreso.

Nada es parecido a los tiempos triunfales de Lula en 2002, y la nueva situación y la necesidad de los nuevos ajustes anunciados por el ministro de Economía, Joaquim Levy, ya obligaron al gobierno a contemporizar en ciertos puntos con el programa que proponía Aécio Neves en su campaña presidencial.

Y aunque Dilma Rousseff asegure que las reformas a una economía postrada -con un crecimiento en 2015 que no llegará al 0.8 por ciento- no afectará las clases medias y pobres, la designación de Levy, alias “Manos de Tijeras”, la coloca en la mira de los movimientos sociales que apoyaron su llegada al palacio presidencial planaltino.

De todos los retos y conflictos que esperan a Rousseff, el de Petrobras es sin duda el más dañino, dado que el gigante petrolero estatal representa casi el 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y que desde hace unos meses es la gran vergüenza nacional.

Como dato apenas relevante, Petrobras anunció que llegó a un acuerdo con sus acreedores para eliminar el riesgo de que algunos pagos de deuda se aceleren, lo que le permitirá publicar información financiera no auditada del último semestre.

En diciembre de 2014, Petrobras –perdedora de un tercio de su valor de mercado en un mes- retrasó por segunda vez la publicación de sus resultados, y dijo que recortaría su plan de gastos, debido a que enfrenta las consecuencias del escándalo que amenaza sus proyectos de producción.

“Evitar más daños a Petrobras va a exigir poner mucho mayor atención de lo deseable, en un país permanentemente lleno de desafíos y dilemas éticos que no deseamos a nadie”, precisa Marcelo Brack, ingeniero naval de la empresa estatal, antes orgullo de Brasil.