Guayaquil. – El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció este lunes que el próximo miércoles se reunirá con las principales de las operadoras de telefonía móvil en el país para “llegar a un acuerdo para que se acabe la señal en los centros penitenciarios”.

“Las cárceles y la seguridad de las cárceles son importantes y eso es algo que todos los ecuatorianos tienen que entenderlo, incluidas las diferentes operadoras telefónicas”, señaló Reimberg a la salida de una rueda de prensa en Guayaquil en la que se anunció que agentes de tránsito patrullarán permanentemente los exteriores de las prisiones.

“La seguridad de los ecuatorianos está primero y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se cumpla. Este tema de la señal telefónica ha tenido muchos años y no se ha hecho nada al respecto, ahora lo vamos a hacer”, agregó.

Reimberg ya había señalado la semana pasada que había pedido a las operadoras cortar la señal en las zonas aledañas a las prisiones, pues dijo que en un reciente operativo en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa del país, pudo constatar que era posible conectarse a la red móvil.

Debido a la existencia de esa señal, los presos han realizado transmisiones en vivo en redes sociales cuando han ocurrido masacres y la Policía ha señalado que los detenidos ordenan asesinatos u otros crímenes y realizan llamadas extorsivas desde el interior de los centros.

Sin embargo, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) dijo en un comunicado que no era factible apagar las señales de las redes de telecomunicaciones en los sectores en los que hay centros carcelarios sin que esa medida afecte a la comunidad y a sus actividades productivas.

Y pusieron a disposición de las autoridades “herramientas complementarias que permiten aplicar restricciones técnicas dentro de los límites viables”.

Las principales operadoras de telefonía móvil en Ecuador son la mexicana Claro, la española Movistar y la estatal ecuatoriana Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), aunque hay otras empresas proveedoras de internet más pequeñas a las que también se les ha pedido cortar la señal.

El ministro dijo la semana pasada que los sistemas tendrán que ser retirados pues están en una zona de seguridad que es controlada por las Fuerzas Armadas y la Policía y que, si eso no ocurre, pondrán en marcha acciones legales para las compañías que se opongan.

Reimberg señaló también que los inhibidores de señales, que ya se han usado en el pasado en los centros, se demorarían al menos ocho semanas en llegar al país. “Sé que ellos (las compañías) están muy favorables a cooperar, vamos a llegar a un acuerdo para que se acabe la señal en los centros penitenciarios”, agregó este lunes.