México, D.F.- Son de vital importancia los procesos educativos; para recuperar las normas y reglas de convivencia social, el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y deberes en México, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un comunicado de prensa, dicha comisión señala que en este proceso educativo se debe trabajar de inmediato en lo básico y elemental: el respeto de unos a otros, a la sociedad, hacia nuestra familia, a las leyes, a las autoridades, al Estado y a uno mismo, como elemento indispensable para convivir.

A través de las Jornadas Nacionales por la Cultura de la Legalidad y los Deberes de las Personas, la CNDH estimula la suma de voluntades de los individuos sobre la urgencia de impulsar aún más la cultura de la legalidad.

Considera que existen actores que todavía no asumen un compromiso de respeto a la ley, no sólo en el caso de autoridades, sino también de la sociedad, situación que ha llevado a una crisis que no se debería tolerar.

La institución busca coordinar todas las acciones y esfuerzos para lograr una mejor convivencia social armónica, sobre la base de que efectivamente “todos los derechos son para todos, pero cumpliendo también con los deberes”.

Promover la cultura de la legalidad es factor fundamental para abatir las violaciones a los derechos humanos, con el impulso de políticas públicas que generen conciencia en la sociedad.

Es el momento oportuno para robustecer las bases del Estado de Derecho que hoy tenemos. Unidos, los mexicanos cimentaremos el país de leyes que anhelamos, asumiendo ese desafío como un compromiso común.

Afirma que los temas como la desigualdad y la discriminación podrían superarse con la observancia de las leyes.

Con estas jornadas también busca que en el mes de junio, con motivo del vigésimo aniversario de la CNDH, se consolide un Acuerdo Nacional por la Cultura de la Legalidad y los Deberes de las Personas.

En este esfuerzo participan los tres ámbitos de gobierno, los tres poderes de la Unión, la sociedad civil organizada, los organismos públicos de derechos humanos, las instituciones académicas del país y la sociedad mexicana en general.