Chilpancingo, Gro.- Ignacio Nava Cervantes, comisario municipal de Loma Canoa, una comunidad de Cochoapa el Grande, en la Montaña Alta de Guerrero —una de las regiones más empobrecidas del país—, fue ejecutado por un comando armado esta mañana. Fuentes de la Secretaría de Seguridad Estatal informaron que el ataque ocurrió mientras la víctima, de 65 años, caminaba por las calles del poblado.

Este lamentable suceso se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la zona. A mediados de la semana, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, había advertido sobre el “crecimiento de los grupos de la delincuencia organizada en la Montaña”, señalando que “los homicidios están a la orden del día” y que varios municipios ahora están bajo el control de estos grupos, generando conflictos entre las comunidades.

Aunque la Fiscalía del Estado y el gobierno no habían emitido un comunicado oficial hasta las 18:00 horas, fue el propio alcalde de Cochoapa el Grande, Javier Gálvez García, quien confirmó el asesinato del comisario Ignacio Nava.

El alcalde, miembro del Partido del Trabajo (PT), sugirió que el móvil del crimen podría ser una disputa de tierras entre el occiso y algunos vecinos. Este episodio trae a la memoria un hecho similar ocurrido hace apenas dos semanas, cuando una familia, incluida una niña de 15 años, fue ejecutada por presuntos civiles armados mientras transitaban en las inmediaciones de Loma Canoa.

En un intento por justificar la ausencia de las fuerzas del orden, el edil manifestó que los policías municipales asignados al módulo de seguridad de Loma Canoa no estaban presentes durante el crimen. Según su versión, habían acudido a la cabecera municipal para brindar seguridad en un evento del programa federal Sembrando Vida.

El alcalde también recordó un incidente ocurrido hace dos semanas, cuando la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la subsecretaria de Gobernación federal, Rocío Bárcenas, estuvieron en la cabecera municipal para poner en marcha el Tianguis del Bienestar.

En esa ocasión, al finalizar el evento, indígenas de varias comunidades aledañas protestaron exigiendo a la gobernadora que descendiera de su camioneta para constatar el estado de los caminos afectados por el huracán Erick.

Ante la negativa de la mandataria, los pobladores retuvieron a uno de sus guardaespaldas y lo encerraron en la cárcel de la comisaría municipal, evidenciando las tensiones y el descontento social en la región.