Washington D.C. – A pesar de la narrativa de “tolerancia cero” impulsada por la administración de Donald Trump, que vincula la inmigración indocumentada con la criminalidad, los datos duros revelan una realidad distinta. Un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse detalla que, durante el primer trimestre del año fiscal 2026, el 98.4% de los nuevos expedientes presentados ante las cortes no involucran actividad delictiva más allá de la entrada ilegal.

La brecha entre el discurso y la ley

Mientras que el “zar de la frontera”, Tom Homan, sostiene que cualquier extranjero que viole la ley de inmigración debe ser considerado un criminal, la legislación vigente establece que la presencia indocumentada es una falta administrativa civil, no un delito penal.

Pese a ello, la presión sobre el sistema judicial es inédita:

– Cifra Histórica: A finales de diciembre de 2025, la Corte de Inmigración (EOIR) acumulaba 3.38 millones de casos activos.

– Ritmo de Procesamiento: Aunque se completaron más casos (193,858) de los que ingresaron (130,642) en el último trimestre, el rezago sigue siendo masivo.

El laberinto del asilo: 4 millones de solicitudes

El sistema se encuentra saturado por peticiones de protección internacional. De los casos pendientes en las cortes, 2.34 millones son asilos “defensivos” (presentados ante un juez para frenar una deportación). Si a esto se suman los 1.5 millones de asilos “afirmativos” en la oficina de USCIS, la cifra total de solicitantes de refugio roza los 4 millones.

Condados con mayor congestión judicial (Casos pendientes):

1. Miami-Dade, Florida: 147,232 expedientes.

2. Cook, Illinois: 112,299 expedientes.

3. Queens, Nueva York: 105,635 expedientes.

Nuevas facultades: Deportaciones “exprés” y fin del debido proceso

El Departamento de Justicia (DOJ) ha implementado una Regla Final Provisional que otorga poderes extraordinarios a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) para desestimar casos sin necesidad de un juicio previo.

El tiempo para apelar un fallo se redujo de 30 a solo 10 días. La BIA ahora tiene un límite de 15 días para emitir una decisión final. Los abogados advierten que una apelación puede costar entre $8,000 y $20,000 dólares, dejando fuera del sistema a quienes no tienen recursos.

La desigualdad ante el juez: El factor defensa

Uno de los datos más críticos del informe del TRAC es la falta de asesoría legal. En diciembre de 2025, solo el 26.7% de los inmigrantes contaba con un abogado al momento de recibir su orden de expulsión.

” “Tener representación legal marca la diferencia entre la vida y la muerte. Las probabilidades de obtener un beneficio suben al 95% con un abogado”, afirma el especialista José Guerrero. Sin embargo, el costo de una defensa técnica oscila entre los $8,000 y $12,000 dólares.

Estadísticas de expulsión por nacionalidad (Trimestre oct-dic 2025):