El capítulo de Telefónica en México está llegando a su final, esto tras acordar la venta de Movistar por 450 millones de dólares. Esta venta es una pieza más en la recomposición silenciosa, pero profunda, del mercado mexicano de telecomunicaciones, donde el tamaño, la escala financiera y la eficiencia operativa pesan más que la presencia histórica o el número de años en el país.

Movistar México, que dirige Camilo Aya, deja atrás una base de 20.7 millones de líneas móviles, cifras que la mantienen como el tercer operador del país. Sin embargo, lo que realmente explica la transacción no está en el volumen, sino en la estructura del mercado.

América Móvil, de Carlos Slim, concentra alrededor de 65% de las líneas móviles; AT&T, que encabeza Mónica Aspe; ronda entre 20 y 22%; y Movistar se mueve en una franja de 15% a 17%, con márgenes cada vez más presionados y dificultades para competir en inversión en red, espectro y despliegue tecnológico.

En ese contexto, el interés de un consorcio encabezado por Oxio y Newfoundland Capital Management no apunta a replicar el modelo tradicional del operador integrado, sino a reimaginarlo.

Los operadores móviles virtuales (OMV), modelos “asset light” y esquemas de compartición de red se han vuelto más atractivos en un país donde existen más de 140 millones de líneas celulares y donde el crecimiento ya no está en sumar usuarios, sino en rentabilizarlos.

Telefónica, por su parte, ejecuta la estrategia conocida de reducir exposición en mercados donde no es líder, liberar capital y enfocarse en regiones con mayor retorno. Haber ganado recientemente un litigio fiscal por 280 millones de dólares frente al SAT fue un alivio financiero, pero no cambió la estructura del negocio en México.

Mucho se piensa que la salida de Telefónica del país debilita la competencia. El número de jugadores importa menos que la naturaleza de los modelos que compiten.

Un operador más ágil, con menores costos y foco digital, puede dinamizar segmentos que los gigantes tradicionales atienden con menor flexibilidad.

El mercado mexicano no se está concentrando sin más; se está transformando. La venta de Movistar confirma que la era de crecer por cobertura quedó atrás y que el nuevo pulso de las telecomunicaciones se juega en eficiencia, datos, experiencia del usuario y modelos de negocio menos intensivos en capital.

Para reguladores y consumidores, el reto no será contar cuántas marcas hay en el mercado, sino evaluar si esta recomposición produce mejores servicios, precios más justos y una competencia que funcione más allá del discurso.

LA PIRATERÍA ya es una industria paralela que compite con ventaja frente a la economía formal. Mientras genera más de 63 mil millones de pesos, el Estado sigue cobrando caro y lento a quien quiere cumplir, de acuerdo con la Concanaco Servytur, que preside Octavio de la Torre. El Mundial de Futbol 2026 puede ser una palanca de crecimiento o un botín para la ilegalidad, y hoy el riesgo es más latente que nunca. Si importar, invertir y operar legalmente implica más trabas que vender en la informalidad, todo parece una invitación a que continue esa práctica. No se combate la piratería con discursos, sino eliminando incentivos para evadir la ley. De lo contrario, el festejo será global, pero la derrama se quedará en la sombra.

AUNQUE TODAVÍA no se concreta, la posible fusión entre Viva Aerobus y Volaris, que capitanean Juan Carlos Zuazua y Enrique Beltranena, respectivamente; sin duda redefinirá el mercado aéreo mexicano. Concentrar 74% del tráfico nacional reduciría la competencia real, aunque se disfrace de eficiencia operativa. En una industria de márgenes frágiles, unir fuerzas es lógico; para el pasajero, no necesariamente. Menos jugadores implican menos presión para mantener precios bajos, por más promesas de conectividad. El regulador tendrá que decidir si prioriza la supervivencia empresarial o la disciplina del mercado. Volar barato no depende sólo de escala, sino de competencia efectiva.

EL SENADO aprobó la nueva Ley de Inversión en infraestructura, que promete acelerar proyectos, pero confirma que hay más rectoría del Estado y menos certidumbre jurídica para el capital privado. El discurso del bienestar convive con consejos consultivos sin autonomía y recomendaciones no vinculantes. El problema no es atraer inversión, sino cómo se gobierna. Sin reglas claras, tiempos definidos y contrapesos efectivos, la discrecionalidad se vuelve el principal riesgo. México necesita infraestructura, sí, pero también confianza, porque sin ella, el dinero no llega, o llega más caro.

MARCELO EBRARD, secretario de Economía, invitó a empresas “sean pequeñitas, medianas o grandotas” a unirse a la misión comercial a Canadá. El Gobierno quiere mostrarse como facilitador en un momento de tensión comercial con Estados Unidos. Sin embargo, acompañar no es lo mismo que habilitar. Viajar a Toronto o Montreal abre puertas, pero no compensa problemas estructurales como costos, regulación y productividad. El T-MEC da acceso, no competitividad automática. Si las empresas no pueden cerrar negocios sin escolta oficial, el problema no está afuera. La diversificación se construye con política industrial, no sólo con giras.