San Miguel, Colombia.- El cierre del puente internacional sobre el río San Miguel, que conecta el sur de Colombia con el norte de Ecuador, no solo interrumpió el paso entre los dos países, sino que transformó la vida cotidiana en esta zona del departamento de Putumayo donde el comercio, el transporte y hasta la movilidad dependen de una frontera que hoy permanece bloqueada.

El paso fronterizo está cerrado desde finales de diciembre de 2025 por decisión de Ecuador como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para reforzar la seguridad y contener el accionar de grupos criminales en zonas limítrofes, lo que dejó en pausa uno de los principales corredores de intercambio en la región amazónica.

En San Miguel la crisis no se refleja en el plano diplomático sino en la ausencia de clientes, pasajeros y oportunidades en un corredor que durante años sostuvo la economía de comunidades a ambos lados de la frontera.

Pedro Grijalba, conductor de transporte público, lo resume desde el puente hoy desierto, bloqueado con rejas metálicas del lado ecuatoriano, cuando afirma que no sale ni un viaje, y recuerda que antes del cierre podía hacer hasta tres recorridos diarios con los que obtenía ingresos que le permitían sostener a su familia.

Hoy su realidad es distinta porque apenas logra cubrir lo básico y reconoce que le toca rebuscarse a veces para la media comidita, mientras advierte que el poco movimiento que queda ha migrado hacia la informalidad donde la gente se pasa ilegal y hay mucha piratería.

El río, nueva frontera informal

Ese cambio de dinámica se percibe en la orilla del río San Miguel, donde canoas con motores reemplazan al puente como vía de conexión y lo que antes era un paso regulado ahora es un cruce improvisado al margen de cualquier control oficial.

José Mesa, comerciante del lado ecuatoriano, es uno de los que ha tenido que adaptarse porque su negocio dependía del flujo diario de personas que cruzaban el puente, pero con el cierre, dice, no hay comercio, no hay a quién vender. 

Para sostener a su familia ahora cruza el río hacia Colombia y reconoce que están prácticamente de manera ilegal, buscando los medios para poder vender algo, intentando recuperar parte de los cerca de 100 dólares que reunía al día, cifra que hoy no llega ni a una tercera parte.

Todo se ha vuelto ilegal

En el lado colombiano, Francisco Gómez resume la situación al afirmar que todo, absolutamente todo, se ha vuelto ilegal, ante la falta de controles que, según dice, obliga a que incluso actividades formales dependan de rutas alternas.

El impacto trasciende lo local porque este paso formaba parte de una vía regional que, como señala Gómez, no era solo un puente, era una vía interoceánica, y su cierre ha obligado a desviar a los viajeros hacia pasos como Ipiales, en el vecino departamento de Nariño, a cientos de kilómetros, lo que genera confusión y costos adicionales.

La tensión diplomática entre ambos países escaló a finales de enero, cuando Quito impuso aranceles a los productos colombianos alegando falta de cooperación en seguridad, una decisión que fue respondida por Bogotá con medidas similares, el cierre al ingreso de productos ecuatorianos y la suspensión de la interconexión eléctrica, profundizando una guerra comercial que también impacta la frontera.

Escalada comercial y salida diplomática

Para tratar de resolver esta situación, Colombia y Ecuador prevén retomar el diálogo la próxima semana en Lima, en el marco de la Comunidad Andina (CAN), un intento por acercar posiciones y encontrar una salida a la crisis que mantiene cerrado este paso estratégico.

Aunque el cierre del puente busca frenar actividades ilegales, varios habitantes consideran que no corresponde con la realidad local y por eso Mesa afirma que si es para evitar grupos armados, ellos por aquí no van a pasar.

A pesar de sus diferencias, los habitantes coinciden en un mismo reclamo: que ambos gobiernos logren una solución pronta que permita reabrir el paso formal y recuperar la actividad económica que sostuvo a estas comunidades.

Señalan que las decisiones gubernamentales se toman lejos de esta zona y sin tener en cuenta la realidad de quienes dependen del flujo diario a través del puente, lo que ha prolongado una crisis que golpea principalmente a los más vulnerables.