Toda Facultad de educación superior es, en esencia, una obra en construcción del conocimiento, ideas, personas, vínculos y proyectos; pero también de ciudad, porque formar juristas no es únicamente formar operadores técnicos de la ley, sino formar agentes de transformación capaces de comprender y transformar los espacios que compartimos. La semana pasada, se formalizó un convenio de colaboración entre la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), que preside en Saltillo Sandra Cuevas Jáuregui; como una declaración pública sobre el tipo de derecho que se pretende enseñar, practicar y ejercer.

El derecho inmobiliario, patrimonial y urbanístico representa uno de los ejes donde la norma jurídica y la vida cotidiana se cruzan de forma evidente; en este cruce están los contratos especiales, las escrituras públicas, los desarrollos urbanos, los créditos hipotecarios, los desalojos, la planeación territorial, la plusvalía, el catastro y la vivienda como derecho humano. Todo lo anterior, requiere interpretación jurídica y conciencia social. En esa parte radica el valor del convenio en mención, se trata de acercar a la comunidad universitaria a un sector productivo; donde el derecho, en su aplicación diaria, pueda significar la dignificación de la vida, el acceso justo a la tierra y la estabilidad patrimonial de las familias ante un mercado cada vez más complejo. Formar abogadas y abogados capaces de intervenir en estas realidades con conocimineto, sensibilidad y ética es una prioridad para la casa de estudios de las y los abogados de Coahuila.

En muchas ciudades de México, incluyendo Saltillo, está cobrando fuerza un fenómeno que debe ocuparnos: la gentrificación, es decir la transformación de barrios populares a partir de procesos de renovación urbana que pueden mejorar la infraestructura y la oferta de servicios pero que eleva los precios de la tierra. El problema no es el desarrollo urbano en sí, sino que ocurra sin regulación social, sin equidad territorial y sin un enfoque de derechos humanos. La gentrificación transforma barrios pero también contratos, registros de propiedad, valores catastrales, condiciones y en muchos casos el acceso real al hábitar digno. Aquí es donde juega un papel profesional el derecho y la abogacía como parte actora. Buscamos que nuestro alumnado reflexione críticamente el tipo de ciudad que estamos construyendo y el rol que deben jugar como juristas en esa construcción. El modelo educativo que impulsamos en nuestra dilecta Jurisprudencia es claro, salir del aula sin salir del derecho, cruzar los límites tradicionales que han separado a la teoría de la práctica, al abogado del territorio y a la norma jurídica de la experiencia social. La materialización del acuerdo en mención es una pieza más, en la visión integral de formación, la que busca una Facultad sin fronteras, sin muros entre disciplinas ni barreras entre la universidad y la sociedad. A través de este vínculo con AMPI, nuestros estudiantes podrán participar en capacitaciones, obtener certiificaciones, realizar prácticas profesionales y servicio social, construyendo redes con expertos del sector inmobiliario.

En cada alianza institucional, fortalecemos una visión de Facultad, que entiende que formar juristas no es repetir teorías, sino forjar criterios y despertar conciencias. Ser universidad pública es una responsabilidad que apunta hacia el futuro donde el derecho no se limite a regular a la ciudad, sino a reconstruirla con dignidad y progreso.