Internacional

Publicado el martes, 5 de mayo del 2026 a las 19:19
Bogotá, Colombia.– En un desafío directo a la justicia colombiana y al Derecho Internacional Humanitario, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este martes la imposición de “condenas” de hasta cinco años de lo que denominan “prisión revolucionaria” contra dos funcionarios de la Fiscalía y dos miembros de la Policía Nacional que mantienen en cautiverio desde 2025.
A través de un comunicado del Frente de Guerra Oriental, el grupo insurgente detalló las sentencias emitidas tras supuestos “juicios” realizados en la clandestinidad:
Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados en mayo de 2025, fueron condenados a 60 y 55 meses, respectivamente. La guerrilla los acusa de pertenecer a un organismo estatal al que señalan de “crímenes de lesa humanidad”.
Los policías Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, retenidos desde julio pasado, recibieron penas de 36 y 32 meses por presuntos delitos de “espionaje y perfidia”.
El ELN señaló que “concedió beneficios” de rebaja de pena por comportamiento y que descontará el tiempo que los uniformados ya han permanecido privados de su libertad. Asimismo, abrió la puerta a posibles “canjes humanitarios” con el Gobierno nacional.
La respuesta de la administración de Gustavo Petro no se hizo esperar. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, calificó el anuncio como un acto de cobardía y recordó que el grupo carece de toda legitimidad jurisdiccional.
” “El ELN no es autoridad. No representa justicia. Es un cartel del narcotráfico”, sentenció el jefe de la cartera de Defensa, instando a la comunidad internacional a exigir la liberación inmediata de los retenidos.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que la terminología utilizada por la guerrilla no altera la naturaleza del delito.
” “Según el derecho internacional humanitario, la privación de la libertad debe cesar sin condiciones”, puntualizó, desestimando la figura de “prisioneros de guerra” que el ELN intenta posicionar.
El departamento de Arauca se consolida como la región más volátil del país, donde el ELN mantiene una hegemonía militar frente a disidencias de las FARC y grupos paramilitares. Este nuevo episodio de “justicia paralela” ocurre en un momento crítico para las negociaciones de paz, pues el secuestro de servidores públicos sigue siendo la principal barrera para avanzar en el cese al fuego y la transformación territorial.
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