Luego de que al iniciar el 2026 la Presidenta Claudia Sheinbaum puso fin al decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, donde casi 3 millones de unidades fueron regularizadas a nivel nacional pagando $2,500 pesos; el Gobierno Federal determinó que este ciclo del esquema simplificado, Repuve (Registro Público Vehicular) ya había ayudado lo que tenía que ayudar, por lo que tenía que terminar.
Finalizado el decreto, cualquier importación de autos deberá realizarse bajo un pedimento de importación definitiva, tramitado con agente aduanal, con el pago total de impuestos.
En Coahuila, el administrador fiscal del estado, José María Morales Padilla, señalo que aproximadamente 190,000 vehículos se incorporaron a este padrón estatal a través del Repuve. Sin embargo, el reto no termina con la papelería federal; ya que cerca de 90,000 unidades aún se encuentran en la etapa de finalizar su trámite de plaqueo, ya que estos aún están protegidos por el decreto para concluir su trámite, ya que iniciaron el proceso el año pasado.
En Piedras Negras, se regularizaron aproximadamente 11 mil vehículos durante 2025, por lo que, a partir de este año 2026, ya no habrá nuevas regularizaciones, solamente los que iniciaron el trámite el año pasado.
Saturación del mercado de autos usados, provocando una caída de precios del sector, afectando el valor de reventa de los vehículos legales.
Disminución en la venta de vehículos nuevos y nacionales, particularmente en estados fronterizos, perjudicando toda la rama automotriz que genera miles de empleos.
Incorporación al parque vehicular de unidades con altos niveles de emisiones contaminantes.
Al tener mayores unidades circulando se disminuyo la demanda del transporte colectivo como camiones y taxis.
Ya al último se aprovechó para el ingreso de vehículos sin documentos, aumento de estafas por parte de supuestos gestores y organizaciones que cobran por supuestos trámites de regularización
Fue una especie de amnistía, que permitió que propietarios acreditaran la estancia legal de sus vehículos, sacando del anonimato a vehículos extranjeros ilegales, ya poniéndoles nombre, domicilio, y reduciendo el uso de unidades irregulares en la comisión de delitos. Según el diario oficial, 2 millones 987 mil 839 vehículos fueron regularizados, lo que facilitó la movilidad de las familias y la regularización de unidades utilizadas para el trabajo.
Se generaron ingresos extras para el gobierno, superando los 7,500 millones de pesos, que se destinaron a la pavimentación y bacheo de calles y avenidas en los estados participantes. El programa ha permitido la reparación de millones de metros cuadrados de calles, en una especie de “círculo virtuoso de justicia social”, por un lado, se regularizan autos que, si bien aumentan el tráfico, el dinero generado se usa para reparar las calles.
Los vehículos regularizados obtuvieron la posibilidad de emplacarse en el estado, generando un ingreso adicional, adquirir aseguranza y ser vendidos como unidades legalizadas.
Ya finalizado el programa, el gobierno de México ha exhortado a la población a no dejarse sorprender por gestores, intermediarios o asociaciones que ofrezcan servicios de alta, inscripción o supuesta regularización de vehículos al amparo del ordenamiento ya extinto o a través del Repuve.
Al no existir disposición vigente que sustente dichos trámites, cualquier persona que solicite pagos o documentación incurre en un engaño. Por lo anterior, se recomienda a la población no entregar dinero ni documentos personales a particulares para evitar ser víctima de fraude.
¿Fue bueno el programa? Si, por justicia social y orden jurídico.
¿Estuvo bien que lo haya finalizado la presidenta? Sí, porque no era perpetuo, solo cumplió su periodo, de seguir, hubiese sido perjudicial.
Twitter: @CesarDavilaQuin
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