Ciudad de México.- El diputado federal Marcelo Torres, del Partido Acción Nacional, presenta iniciativa para proteger a productores agropecuarios, ganaderos, agricultores, constructoras y empresas que utilizan combustible legalmente para trabajar, no para venderlo.

México vive una paradoja inaceptable. Mientras el Gobierno asegura combatir el robo de combustibles, quienes terminan pagando las consecuencias son miles de productores del campo, ganaderos, agricultores, constructoras y empresas que todos los días generan alimentos, empleo e infraestructura para el país.

El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó una iniciativa para poner fin a esa injusticia mediante la creación del Permiso Especial para Autoconsumo Productivo, una figura jurídica que otorgará certeza a quienes transportan y almacenan combustible exclusivamente para abastecer su propia maquinaria, sin fines de comercialización.

“No podemos seguir permitiendo que el productor del campo, el ganadero o el constructor sean tratados como delincuentes simplemente por llevar diésel a un tractor, una cosechadora o una excavadora.”

Actualmente, la Ley del Sector Hidrocarburos no distingue entre quienes comercializan combustibles y quienes únicamente los utilizan para desarrollar actividades productivas. Esa omisión ha provocado incertidumbre jurídica, criterios contradictorios entre autoridades y aseguramientos de maquinaria y vehículos, aun cuando el combustible fue adquirido legalmente y cuenta con su documentación correspondiente.

El problema golpea con especial fuerza al campo mexicano. Miles de productores agrícolas y ganaderos trabajan diariamente en comunidades alejadas donde simplemente no existen estaciones de servicio. Llevar combustible hasta un rancho, una parcela o un sistema de riego no es una actividad comercial; es la única forma de sembrar, cosechar, alimentar al ganado y mantener viva la producción de alimentos. Esa realidad hoy no está reconocida plenamente por la ley.

La misma situación enfrentan constructoras, empresas mineras y prestadores de servicios especializados que abastecen maquinaria pesada en carreteras, obras hidráulicas, ferrocarriles, infraestructura energética y proyectos públicos y privados.

“El Estado debe concentrar toda su fuerza contra el huachicol, no contra quienes trabajan, invierten y generan empleo. Cuando la burocracia detiene un tractor o una excavadora, no sólo se paraliza una máquina; se frena la producción, se retrasan las obras y pierde toda la economía.”

La iniciativa propone un esquema moderno de control mediante identificación del usuario final, CFDI, bitácoras, trazabilidad y registro electrónico, para que las autoridades puedan distinguir con claridad a los productores honestos de quienes participan en actividades ilícitas.

Además, el permiso no autoriza la venta de combustibles ni sustituye las reglas aplicables a quienes sí participan en el mercado de petrolíferos.

Marcelo Torres subrayó que la reforma fortalece el combate al robo de hidrocarburos, al permitir que las autoridades concentren sus recursos en perseguir a los verdaderos delincuentes y no en obstaculizar a quienes producen la riqueza del país.

“Un gobierno que pone en el mismo costal al productor del campo y al huachicolero está enviando el mensaje equivocado. Mi iniciativa busca algo muy sencillo: que la ley deje de perseguir a quienes alimentan, construyen y hacen crecer a México, y persiga únicamente a quienes viven de la ilegalidad.”