Saltillo, Coah.- El teléfono sonó, el número era conocido, pero lo que escuchó daría un vuelco total a la realidad que venía viviendo hasta ese día.

“Escuché cómo me era infiel por más de media hora”, dice Alejandra Mendoza, mujer ahora divorciada y con tres hijos.

Un error tal vez o una señal de destino la hicieron descubrir la infidelidad de su entonces esposo, ahí comenzó el calvario.

“Yo no busqué el divorcio desde el principio, por el bien de mis hijos le pedí que volviera, sin embargo, no duró mucho”.

Los problemas se hicieron insoportables y finalmente todo terminó por desmoronarse.

Meses después, a finales de 2006, el hombre se fue de la casa y las visitas a los juzgados civiles empezaron a ser el pan de cada día.

“No me quería divorciar, siempre busqué solamente que no le faltara nada a mis hijos y por eso empecé con el trámite para la pensión alimenticia”, recuerda Alejandra mientras juega con sus manos.

La demanda se interpuso en septiembre, los trámites comenzaron.

Su ritmo de vida cambió en un instante los trámites abarcaron gran parte de su tiempo obligándola a cambiar todos sus esquemas.

Mientras, tenía que soportar las noticias de personas que le decían que su todavía marido se paseaba por las calles con otra mujer.

“Tenía pruebas de todo, grabaciones, testigos pero todo parecía ser inútil”, dice.

La infidelidad pareciera ser motivo suficiente para obtener un divorcio causal o necesario, pero el probarla es una odisea que para muchos resulta desmoralizante.

“El juez no toma como pruebas suficientes una grabación o fotografías, todo tiene que ser en el momento”.

Mientras, la demanda por la pensión alimenticia continuaba su lento desarrollo.

“Cuando todo comenzó el juez decidió otorgarme el 30 por ciento del salario del papá de mis hijos, 10 por ciento para cada uno ellos y dejarlo visitarlos durante los fines de semana”.

El beneficio cubre la manutención durante el tiempo que dure el juicio algo que otorga la ley para no descuidar a los menores.

COOPERACIÓN VOLUNTARIA

Su bolsillo comenzó a resentir los efectos de tener que acudir en ocasiones hasta cuatro veces por semana a verificar el estado de la demanda.

“Cada vez que iba a verificar mi caso estaba estancado, el juez tenía mucho trabajo y las personas que trabajan ahí me daban largas”.

Los gastos eran los estrictamente necesarios, papelería, documentos, los honorarios de su abogado; pronto todo cambiaría.

El secretario de Acuerdos, segunda persona responsable dentro de un juzgado, se encargaba de atenderla y de vez en cuando “aterrizarla” un poco en la realidad.

“Cuando se tienen que hacer notificaciones un actuario es la persona que los debe hacer”, cuenta.

“El mismo personal del lugar me explicó que para poder contar con los servicios de un actuario debería de darle un pago que cubriría sus honorarios”.

Al principio la situación le pareció normal, pues no sabía hasta qué punto la situación era habitual.

Ella está convencida de que el proceso sería más rápido si se diera una “compensación” a quienes están encargados de llevar a cabo el proceso, pero sus principios le impiden hacerlo.

“Me dijeron que debía darle 200 pesos al actuario cada vez que saliera a entregar una de las notificaciones”, dice un poco molesta, ese dinero cubría uno de los viajes que tenían que hacer, cualquier situación extra requería una otro pago.

El tabulador del Poder Judicial del Estado marca que los actuarios, de cualquier tipo, reciben un sueldo base de 10 mil 305 pesos, sin compensaciones.

Cuando Alejandra se enteró de esto cuestionó el cobro de esos honorarios.

La respuesta de los encargados del Juzgado fue simple, algunos actuarios no están incorporados al Poder Judicial y tienen que costear de alguna manera sus gastos.

“Llegué a pagar cuatro visitas de actuarios a la semana, a veces él no estaba y le daba el pago al secretario de Acuerdo”, dice.

Aunque molesta, la aportación de estos personajes es fundamental, por lo que tenerlos de aliados es indispensable.

“Incluso llegué a llevarlos yo misma en mi coche para que todo se hiciera ese mismo día”.

Un poco de ruego y un poco de suerte la hicieron acreedora a un descuento de 100 pesos en cada notificación, bromeando dice que pudo deberse a que ella es ya una “cliente frecuente” y los beneficios tenían que llegar un día.

Apercibimientos seguían llegando a su nombre, todos señalando conductas erróneas y todos interpuestos por el abogado de su marido.

“Aunque no llevaban una consecuencia, señalan problemas, y yo me estresaba mucho al recibirlos”.
 
TESTIGOS MUDOS

Los niños, hasta ese momento mudos testigos del penoso camino, comenzaron a ser protagonistas.

Las pensiones no llegaron más o la cantidad no correspondía a lo determinado por el juez.

Las apelaciones comenzaron a llegar, pero aletargaban el ya de por sí amorcillado proceso.

Entonces otro problema surgió.

Las visitas que hacía el padre, que no siempre respetaban los días establecidos, empezaron a convertirse en un calvario, en especial para el mayor de los niños.

“Él a veces no iba y ellos sufrían por eso”, recuerda.

Fueron obligados a acudir al Centro de Evaluación Psicosocial de la PGJE para integrarles un expediente y determinar qué tan conveniente era que las visitas fueran retiradas o se mantuvieran.

Entonces las frágiles emociones de sus hijos sufrieron golpes devastadores.

“El hecho de tener que ir a hablar con una psicóloga los alteraba mucho”.

El llanto les impedía platicar con la persona asignada a su estudio.

Aun así las evaluaciones continuaron hasta que estuvieron concluidas.

El golpe emocional sirvió de poco.
 
MALA SUERTE

La evaluación no alcanzó a ser leída por el juez pues problemas familiares obligaron a Alejandra a salir del país por un tiempo, dejando desatendido el proceso legal.

La determinación, sin embargo, no esperó su regreso.

Cuando ella volvió, la decisión del juez ya se había dado, ella y sus hijos perderían la pensión alimenticia.

La apelación era un recurso necesario, pues dejar a sus pequeños sin sustento no era una opción.

Pero el desaliento llegaría pronto y de parte de los mismos miembros del Poder Judicial.

“Me dijeron que esa era la única opción, pero que era muy difícil que el proceso fuera rápido”.

Todo lo logrado o gastado quedaría en el olvido.

La decisión que tomó era la única que podría ayudarla a lograr algo diferente, decidió tramitar el divorcio.

Aunque sabía que era difícil ganarlo, era la manera que parecía factible para lograr el beneficio para ella y su familia.

Así inició otro penoso caminar a través de los ya cada vez más familiares juzgados.

Sin embargo, algo sorpresivo sucedió.

Su marido accedió a lograr un divorcio de mutuo consentimiento, tal vez pensando en los problemas que esto acarreaba a sus hijos.

Luego de la firma, el panorama parecía aclararse, pero sólo fue en apariencia

EL ÚLTIMO MARTIRIO

Luego de la firma, ambas partes se separaron definitivamente y dejaron de lado las diferencias.

Hasta que llegó el primer día de cobro de la pensión.

La empresa encargada de realizar el depósito no lo hizo y por increíble que parezca, la misma burocracia con la que se marcan los procedimientos permite que semanas enteras pasen sin que se entregue una notificación.

Hasta ahora, su situación no tienen una resolución adecuada y ha ido dañando cada uno de los aspectos de su vida, pero el camino recorrido ya es muy largo como para dejarlo de lado.

El calvario parece nunca acabar, la solución ya no lo es más, un divorcio deja de ser la píldora que alivia la enfermedad y se convierte en una nueva.