CNN | Shepherd * | Ciudad de México.- Durante la campaña presidencial, Donald Trump atacó insistentemente a Gonzalo Curiel, el juez en una demanda en la que se acusa a la Universidad Trump de defraudar a miles de clientes, y en la que llegó a un acuerdo para pagar 25 millones de dólares a los demandantes. Trump aseguró que, dado que Curiel es ‘mexicano’, “está emitiendo en nuestra contra fallos injustos”.

La primera afirmación es indiscutiblemente falsa: el juez Curiel es un ciudadano estadounidense nacido en Indiana. La segunda también carece de verdad. De hecho, una de las decisiones de Curiel fue crucial para que Trump se convirtiera en el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos.

Meses antes de que el magnate se convirtiera en el nominado del Partido Republicano para la presidencia, Curiel afirmó que programaría el juicio del caso para el verano o el otoño de este año, justo en el medio de la campaña presidencial. Entre sus razones estaba el hecho de que la demanda había sido interpuesta en el 2010, y tras seis años de litigios antejuicio y descubrimientos, los demandantes (muchos de ellos ancianos), tenían derecho a que sus reclamos fueran oídos en la corte.

A mitad de marzo, los abogados de Trump se pronunciaron en contra de un juicio en el verano o el otoño, en parte porque “las propuestas de los demandantes requerirían que la corte realizara un juicio mientras el señor Trump está haciendo campaña presidencial. Tal juicio no sólo sería una carga extrema para los defendidos, sino que se convertiría en un ‘circo mediático'”.

A comienzos de mayo, Trump se convirtió en el nominado presidencial de su partido.

El juez Curiel hubiera tenido una fuerte base legal si se hubiera decidido a llevar a cabo el juicio en medio de la campaña. Hace casi 20 años, la Corte Suprema rechazó de forma unánime la petición del presidente Bill Clinton de eximirlo de testificar en la causa por abuso sexual interpuesta por Paula Jones hasta que el último periodo de su presidencia llegara a su fin.

Aunque la corte aceptó el argumento de que el presidente “ejerce un oficio único con poderes y responsabilidades tan grandes e importantes que el interés público reclama que él le dedique todo su tiempo y atención a los deberes de su cargo”, también aclaró que la constitución no le da al Jefe de Estado en ejercicio una inmunidad temporal al ser demandado por sus “actos no oficiales”.

Dado que Trump no tendría de momento un argumento constitucional para posponer un juicio tras las elecciones, sus abogados tomaron cuenta otra cuestión planteada en la jurisprudencia del caso de Clinton contra Jones. La Corte Suprema reconoció que el presidente en funciones puede enfrentar cargas significativas si es forzado a testificar en un litigio civil, y que estos “son asuntos apropiados para que la Corte de Distrito evalúe en su manejo del caso”.

Sin embargo, la máxima corte estadounidense afirmó que la Corte de Distrito abusó de su discreción al retardar el juicio hasta después de la presidencia de Clinton. El expresidente testificó posteriormente tanto en una declaración civil como ante un gran jurado federal durante su segundo periodo en la presidencia. Su testimonio llevó a la Cámara de Representantes a introducir un pedido de destitución.

Ya que la Corte Suprema decretó en el caso de Clinton contra Jones que un presidente en ejercicio y comandante en jefe puede ser demandado y no está demasiado ocupado para testificar, el juez Curiel podría haber decidido que alguien que busca ser jefe del Ejecutivo puede testificar en una demanda civil en su contra.

No obstante, Curiel decidió a favor de Trump y pospuso el juicio hasta el 28 de noviembre, después de la elección. Pero esta vista ya no se dará porque el magnate-presidente accedió a pagar 25 millones de dólares para arreglar con los demandantes en el caso de su universidad.

La decisión de Curiel pudo haber jugado un rol crucial en despejarle el camino a Trump en las elecciones. Si el juicio hubiera tenido lugar como originalmente estaba previsto, Trump hubiera sido obligado a defenderse de cargos de fraude a miles de personas durante el clímax de la campaña presidencial.

La evidencia de los demandantes en el juicio hubiera sido dañina políticamente. Ésta incluye material publicitario con promesas de Trump a posibles estudiantes, junto con otra evidencia que incluye el propio testimonio del magnate, en el que parece que se desdice de sus promesas.

Por ejemplo, en una variedad de documentos Trump le promete a los posibles estudiantes que él mismo escoge sus instructores y mentores. Igualmente, en un video promocional, se ve a Trump declarando que “tendremos profesores y profesores adjuntos que son absolutamente impresionantes. Gente impresionante. Cerebros impresionantes. Exitosos. Los mejores. Tendremos lo mejor de lo mejor. Y todos serán escogidos por mí”.

A pesar de estas promesas, Trump admitió durante su testimonio que no seleccionó a ninguno. El testimonio sugiere que Trump ignoraba los nombres de los instructores, sus caras o calificaciones.

Además, muchos de los integrantes de la clase tenían más de 65 años cuando contrataron los servicios y productos de la Universidad Trump, demandantes que estaban tratando de demostrar que Trump violó un estatuto de California que prohíbe el “abuso financiero contra los ancianos”.

Este tipo de “abuso contra ancianos” ocurre, por ejemplo, cuando una persona adquiere “la propiedad real o personal de un anciano o adulto dependiente con intención de defraudarlo”.

El resultado tan estrecho de las elecciones podría haber sido diferente si las semanas finales de la campaña no hubieran estado enfocadas en los correos electrónicos de Hillary Clinton sino en el testimonio de unos ancianos demandantes acusando a Trump de quitarles los ahorros de sus vidas. Los reportes noticiosos se hubieran enfocado no en un Trump hablando ante miles de seguidores en sus eventos, pero sí en un multimillonario enfrentando crudos interrogatorios.

En las próxima semanas, Trump podría haber enfrentado en corte a aquellos que claman que la Universidad Trump los defraudó, y los abogados estaban intentando de convencer al juez Curiel de posponer de nuevo el juicio, pero prefirió conciliar y pagar 25 millones de dólares.

Pero, más que cualquier persona, Curiel, el juez ‘mexicano’ que Trump tanto atacó, es probablemente responsable de que el magnate neoyorquino sea presidente y no un empresario defendiéndose de cargos de fraude.

* George Shepherd es profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad de Emory. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. (Texto actualizado con el arreglo al que llegó Trump con los demandantes por el caso de su universidad).

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