Una sociedad mercantil que se constituyó dos meses después de que el panista Jorge Zermeño Infante tomara posesión de la Alcaldía de Torreón, en febrero de 2018, y se registró como proveedora del referido Ayuntamiento al inicio de su segundo periodo, en enero de 2019, acumula 35 millones 132 mil 836 pesos facturados al Municipio en solo nueve meses gracias a una actividad impensada para volverse millonario: traslado de escombro.

La única función de Vértice de La Laguna, S.A. de C.V. es acarrear el cascajo y los desechos vegetales –ya separados y puestos en contenedor– desde los ocho centros de transferencia ubicados en la zona urbana de Torreón hasta el Cañón del Indio. Y voilá.

De entrada, el caso motiva una serie de cuestionamientos: ¿la Presidencia Municipal no tenía capacidad suficiente para realizar esa labor por sus propios medios o ampliando el servicio de limpia pública que ya tiene convenido con Promotora Ambiental de La Laguna (PASA)?, ¿era necesario y urgente privatizar y subcontratar a terceros?, ¿tantos metros cúbicos de escombro se generan en cuestión de meses; pues qué están demoliendo en la ciudad, la Muralla China?

Resulta sorprendente que quienes figuran como responsables de la empresa, un par de socios que no rebasan los 40 años, tengan la visión para manejar una persona moral que no crearon ellos, sino que compraron el 1 de agosto de 2018 a Ricardo Alonso Piña Sánchez y Antonio Carmona Montes, propietarios originales que les transfirieron sus acciones.

Vértice de La Laguna, S.A. de C.V. inicialmente fue una coartada para participar en el negocio inmobiliario. Su objeto social principal es la compraventa de inmuebles, con acceso a participar en todas las etapas posibles del juego: construcción, arrendamiento, topografía, maquinaria, obras públicas, naves industriales, materiales, entre otras.

Al principio ninguna de sus 42 razones de ser legales mencionaba el acarreo de materiales de construcción –actividad que requiere permisos especiales– hasta que fue incorporada esta el 20 de septiembre de 2018, como consta en el instrumento jurídico 208, protocolizado en la notaría 76 de Torreón.

Por si fuera poco, su capital social es de solamente 50 mil pesos, y de acuerdo con el acta 761, en poder de quien esto escribe, sus accionistas actuales son Manuel Guillermo Herrera Silveyra (sobrino de Juana Leticia Herrera Ale, exsenadora y exdiputada federal por Durango, y exalcaldesa de Gómez Palacio en dos ocasiones, la última hasta el 31 de agosto de 2019), y Vicente Valles Villarreal (quien cedió el 5 de septiembre de 2018 sus acciones de la sociedad mercantil Industrias Especializadas en Maquinados H, radicada en el vecino Gómez Palacio, al propio Manuel Guillermo Herrera Silveyra).

Dicho en otras palabras: el negocio pertenece –al menos en el papel– a la gomezpalatina y priista familia Herrera. La pregunta es: en la cadena de favores, qué gana, a cambio, la Administración panista que autoriza la operación del otro lado del Nazas.

El 3 de enero de 2019, al iniciar el tercer periodo de Jorge Zermeño al frente de la Alcaldía de Torreón, la sociedad fue inscrita en el padrón de proveedores y contratistas del Ayuntamiento, manifestando que su giro ante el SAT es el alquiler de oficinas y locales comerciales, así como viviendas no amuebladas. Pese a ello se le contrató el 14 de agosto de 2019 por 10 millones 376 mil 789 pesos (IVA incluido) para recolectar escombro y desechos vegetales en el plazo del 15 de agosto al 20 de diciembre del año pasado.

Y aquí viene lo interesante: aun cuando el monto debía forzosamente ajustarse al presupuesto autorizado en el acta de fallo a la licitación CE-805035999-E17-2019, Vértice de La Laguna, S.A. de C.V., recibió en realidad 13 millones 338 mil 974 pesos a razón de cuatro pagos electrónicos (dos en octubre y dos más en noviembre de 2019) y cuatro cheques (dos en enero y dos más en febrero de 2020). Un 28.5% extra.

“Vamos a continuar con esta empresa que ha dado buenos resultados”, afirmó Zermeño a finales de 2019 (Meganoticias Torreón, 09/12/19). Y así fue. A través de la licitación CE-805035999-E07-2020 –donde hubo dos participantes más e inclusive uno hizo una propuesta más barata– se contrató nuevamente a Vértice de La Laguna, S.A. de C.V. para realizar el mismo servicio, proyectado de abril a diciembre de 2020. Cuatro días antes del fallo emitido el 23 de marzo, sin embargo, en el Periódico Oficial se había publicado ya el “Decreto mediante el cual se establecen medidas para la prevención y control de la propagación del Covid-19 en el estado”, fundamento legal para la declaratoria de emergencia en Coahuila, “ante la inminencia de un desastre sanitario derivado de la pandemia”.

Es decir, el Ayuntamiento de Torreón pudo detener el proceso de licitación a sabiendas de lo que se avecinaba pues estuvo a tiempo, y no lo hizo. Incluso la ciudad ya tenía entonces seis contagios de coronavirus confirmados y era evidente, debido a la experiencia internacional, que las prioridades en el gasto público cambiarían.

La Tesorería Municipal, cuya titular es María Mayela Ramírez Sordo, publicó hasta el 24 de abril el mencionado contrato por 21 millones 793 mil 862 pesos, sin que conste en el documento la fecha en que se protocolizó con la firma de las partes involucradas.

Cortita y al pie

El escombro, cabe señalar, no se tritura ni se dispone de forma especial o ecológica; simplemente lo acarrean en viajes de un lugar a otro, y la cantidad a pagar significa que los ciudadanos acudirán de abril a diciembre a tirar un estimado de 50 mil 920 metros cúbicos a razón de los 428 pesos que cobra Vértice de La Laguna por la recolección, carga y traslado de cada unidad. Un precio altísimo y fuera de toda proporción en el mercado.

Esas toneladas de desecho equivalen a 3 mil 637 camiones llenos; un promedio de 13 acarreos diarios de lunes a domingo, sin parar, durante los 275 días que dura el contrato. Algo poco probable, por no

decir imposible.

Para dimensionar: la mayor demolición en la historia de Torreón, el Distribuidor Vial Revolución (ocurrida en 2008), representó 14 mil metros cúbicos de cascajo, cifra 75% menor a la estimación para los nueve meses de 2020 (plazo afectado además por la emergencia sanitaria).

Dicha proyección no hace sentido en las circunstancias actuales, especialmente cuando en tiempos de actividades no esenciales está paralizada la industria de la construcción, la obra pública y entre particulares. Ahora bien, esa hipotética edificación a gran escala que hoy no existe tampoco implica necesariamente producir escombro, ya que muchas veces no hay derrumbe previo.

La última y nos vamos

Por lo demás, si no existe la necesidad ni el problema, ¿cómo justifica entonces el Ayuntamiento la contratación del servicio y la cantidad a desembolsar? Destinar 35 millones 132 mil 836 pesos en menos de un año. Está bueno el negocio.