Las experiencias -nada agradables- que ha enfrentado el Gobierno de la Cuarta Transformación en la administración del abasto de insumos y medicamentos para las instituciones de salud pública del país merecen ser documentadas y analizadas en los manuales de microeconomía que llevan los alumnos en las escuelas de economía del país. No sólo por los efectos que han tenido en la eficiencia del gasto, sino porque constituyen un caso de estudio sobre cómo los modelos centralizados pueden fracasar cuando la transparencia y la rendición de cuentas son débiles.

En 2022, las auditorías oficiales detectaron que el modelo de compras consolidadas a laboratorios y farmacéuticas nacionales e internacionales presentaba prácticas irregulares y acuerdos colusorios que distorsionaban la competencia de mercado. Ante la evidencia, el Gobierno decidió suspender el esquema, asumiendo los costos políticos y sociales que implicó esa decisión: retrasos en la distribución de medicamentos, desabasto en hospitales y pérdida de confianza entre proveedores y pacientes.

La Administración optó por reformar el ecosistema sanitario, transformando el Insabi en IMSS-Bienestar. Tres años más tarde, con el mismo partido político en el poder, pero una mujer al frente de la Administración pública federal, la historia pareció repetirse. En las nuevas licitaciones se reprodujeron los mismos vicios administrativos: incumplimiento de lineamientos, omisión de requisitos técnicos y procesos de adjudicación poco claros. El modelo abortó. La Secretaría Anticorrupción anuló la megalicitación de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex. Se esfumaron las promesas de abaratar costos y garantizar el acceso universal a los medicamentos.

El Estado como comprador único, o poder de mercado para negociar

Los modelos de compras que ha diseñado el Gobierno federal -hasta 2025- no han logrado responder eficazmente a la demanda real de medicamentos de la población mexicana, generando desabastos en fármacos como oncológicos y vacunas, que afectan a millones de usuarios del IMSS, ISSSTE y programas como IMSS-Bienestar. Sin embargo, poseen un mérito indiscutible: han puesto en práctica, de manera simultánea, conceptos económicos y normativos que en los libros de microeconomía suelen analizarse por separado. En un mismo esquema confluyen oferta y demanda públicas, monopsonio, competencia distorsionada, ahorros por volumen, sobreprecios, ganancias extraordinarias, fallas de mercado y de diseño institucional, economías de escala, oligopolio, rentas económicas, externalidades negativas, cartelización, información asimétrica, colusión y barreras de entrada. En este contexto, “el monopsonio estatal mexicano se ha convertido en un caso de estudio paradigmático”.

Ineficiencias en el modelo

Si bien es cierto que el fracaso del modelo de compras consolidadas de medicamentos es multifactorial, existen dos causas estructurales que merecen especial atención y que probablemente desencadenaron otras consecuencias, como la colusión, la corrupción y el desabasto. La primera está relacionada con la alta burocracia federal, que -quizá por su falta de experiencia técnica o por exceso de confianza política- subestimó el poder de mercado de las farmacéuticas multinacionales.

Los responsables del diseño del modelo, particularmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en Birmex, no dimensionaron el impacto que tendría excluir a los grandes laboratorios internacionales de los procesos de compra, al intentar sustituirlos por proveedores nacionales con limitada capacidad productiva. El antecedente más ilustrativo se remonta a África, a inicios de los años 2000, cuando un grupo de corporaciones farmacéuticas impuso un bloqueo comercial a los gobiernos que pretendían producir o importar versiones genéricas de los medicamentos antirretrovirales contra el VIH/SIDA. El veto, motivado por razones económicas, costó miles de vidas y evidenció la fuerza geopolítica de la industria farmacéutica global.

México pareció repetir la historia, al enfrentarse con los mismos consorcios que dominan la cadena de suministro mundial. La decisión de prescindir de ellos como abastecedores únicos de productos médicos -especialmente fármacos oncológicos y de alta especialidad- provocó represalias comerciales y contractuales, con retrasos en entregas, cancelaciones unilaterales y carencia de alternativas de sustitución inmediata. El resultado fue devastador: decenas de familias con pacientes de cáncer infantil quedaron literalmente a la intemperie, sin medicamentos esenciales para sus tratamientos. La segunda causa relevante fue la centralización excesiva de las decisiones de compra, que recayó en la Oficialía Mayor de la SHCP, desplazando a las autoridades sanitarias especializadas, como la Secretaría de Salud y la propia Birmex. Este rediseño administrativo, fracturó la coordinación interinstitucional.

La tecnología como aliada del Gobierno

En octubre pasado, Birmex publicó en su plataforma digital la Convocatoria No. BIRMEX-LPN-2025-01, destinada a la adquisición de 622 millones de unidades de medicamentos e insumos médicos para el abasto del sector público de salud durante el ejercicio 2026. Los proveedores interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su reglamento, además de los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría de Salud.

La incorporación de tecnologías digitales en el proceso -desde el registro de participantes hasta la adjudicación y seguimiento logístico- puede favorecer la trazabilidad, transparencia y auditoría en tiempo real, si se implementan adecuadamente los controles de integridad y acceso público a la información. Una de las principales diferencias respecto a la licitación celebrada en abril de 2025 es que la coordinación operativa del proceso recaerá directamente en Birmex, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) conservará las facultades de validar, autorizar y liberar los recursos correspondientes a las cotizaciones aprobadas por la Secretaría de Salud y la entidad convocante.

Sin embargo, el esquema monopsonista del Estado persiste: el Gobierno federal sigue siendo el único comprador central para todo el sistema público de salud. Tal parece que las lecciones del fracaso de la centralización anterior no han sido plenamente asimiladas.