Lisboa.- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció este jueves que ha promulgado el decreto que establece la creación de una nueva división para el control de las fronteras en la Policía de Seguridad Pública (PSP).

El documento, que reúne una propuesta del Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y otra del partido ultraderechista Chega, fue aprobado ayer y forma parte de una serie de medidas con las que el Ejecutivo busca endurecer la política migratoria en el país.

Esta iniciativa contó con los votos a favor de los gobernantes Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y CDS-PP (democristianos), el ultraderechista Chega e Iniciativa Liberal; y la abstención del Partido Socialista y el regionalista JPP.

Votaron en contra el resto de partidos de izquierda.

El decreto establece la creación de una Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras (UNEF) en el seno de la PSP, cuyas funciones serán controlar las fronteras aeroportuarias y atribuir visados en estas instalaciones, gestionar los procesos de expulsión coercitiva, readmisión y retorno voluntario de extranjeros y gestionar los centros de acogida temporal de migrantes.

Montenegro ha defendido la necesidad de crear un nuevo cuerpo de trabajo tras la extinción en 2021 del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) después de la muerte de un ucraniano bajo custodia, que hizo que sus funciones de seguridad se repartieran entre varios cuerpos.

La derecha en el Parlamento también dio el visto bueno este miércoles a la reforma de la Ley de Extranjeros, que restringe la reagrupación familiar de los migrantes, sobre la cual Rebelo de Sousa no se ha pronunciado todavía.

Queda pendiente para septiembre la votación de la alteración de la Ley de Nacionalidad, también impulsada por el Gobierno de Montenegro, que quiere acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el caso de los hijos de migrantes.

Rebelo de Sousa promulgó hoy también otro decreto que habilita una rebaja del impuesto sobre los rendimientos a las personas físicas (IRS, en portugués), que asciende a unos 500 millones de euros para este año, impulsada por el Gobierno.

La propuesta prevé además un descenso adicional del 0,3 % en 2026 del segundo al quinto escalón, que tendrá que incluirse en el Presupuesto del Estado para el próximo año.